¿Están seguras las mujeres andaluzas con la gestión sanitaria de Moreno Bonilla?

¿Puede alguien sentirse tranquilo con la sanidad en Andalucía después de saber que un hombre de Almería ha recibido una carta del SAS citando a su mujer fallecida hace seis años para una mamografía? ¿En manos de quién estamos? ¿Cómo no sentir inquietud cuando la prevención, que debería ser un salvavidas, se convierte en una cadena de errores que duelen y humillan?

Pero hay más. A la portavoz socialista de Sanidad, Ángeles Prieto, se la convoca para un cribado de cuello de útero pese a que le fue extirpado hace veinticinco años. En la carta incluso se le reprocha no haber acudido a una cita anterior que, según ella misma ha explicado, jamás recibió.

En Algeciras, una paciente recibe un resultado “normal” de una prueba que nunca llegó a hacerse. Tres historias distintas, pero un mismo patrón: una sanidad pública que, según coinciden sindicatos y profesionales, falla en lo esencial y ha perdido el cuidado hacia las personas a las que debería proteger.

Y no faltan los casos que rozan lo absurdo, si no fuese por lo preocupante del fondo. Como el de un hombre algecireño de 55 años que recibió una invitación del SAS para un cribado de cáncer de cuello uterino. O los recortes denunciados por CCOO en las mamografías del Hospital de Jerez y el centro de salud del Arroyo, donde se escatiman recursos en plena crisis de los cribados.

¿Cómo van a estar las mujeres tranquilas con Juan Manuel Moreno Bonilla gestionando su salud? ¿Cómo pueden confiar cuando les llegan cartas imposibles, sus diagnósticos se retrasan y las pruebas se pierden en un sistema que nadie parece controlar?

También hay historias que estremecen. Como la de una paciente oncológica de 84 años que, según denunciaron sus familiares, fue “olvidada” durante siete horas en urgencias del Hospital Virgen Macarena de Sevilla. Su internista había ordenado ingresarla a las 10:30, pero no recibió atención hasta pasadas las 18:00. Nadie ha asumido responsabilidades por ello.

“Así es como Moreno Bonilla reduce las listas de espera y empuja a los andaluces a pagarse en la privada las pruebas que les niega en la pública. Privatizar la sanidad mata”, denunció recientemente la portavoz socialista Ángeles Férriz. Una afirmación que refleja el sentir de muchos profesionales: la desesperación está empujando a la ciudadanía hacia la sanidad privada.

¿Por qué ocurre todo esto? ¿Tendrá algo que ver, como señalan los sindicatos, que la Junta recorte este año 25,3 millones al Hospital Virgen del Rocío, el más afectado por la crisis de los cribados? Esa reducción, superior al 7% del presupuesto destinado al personal, se suma a los ajustes de 91 millones en los grandes hospitales andaluces.

La Junta prometió hace un mes contratar a 65 radiólogos dentro del plan de choque anunciado tras el escándalo de los cribados. Sin embargo, según fuentes sindicales, en el Hospital Virgen del Rocío solo se ha incorporado una radióloga a media jornada y se ha trasladado a un radiólogo de tórax del Hospital General. El centro sigue con dos vacantes vacías y con “dificultad” para cubrirlas. “No hay nadie en la bolsa de empleo, están mirando currículos o a los residentes”, aseguran desde UGT, CSIF, CCOO y el Sindicato Médico.

Mientras los recursos se reducen y los puestos siguen sin cubrirse, profesionales y pacientes denuncian desde hace meses que miles de pruebas médicas son rechazadas sin que lo sepan ni el médico ni el enfermo. Radiografías, resonancias o análisis que nunca se autorizan y de los que nadie informa. Así funciona, según sus testimonios, una sanidad que trata a las personas como números invisibles.

En al menos cuatro provincias —Sevilla, Huelva, Almería y Córdoba—, el Sindicato Médico ha alertado de que miles de ecografías, TAC y resonancias están siendo rechazadas sin comunicación a pacientes ni sanitarios, lo que genera desesperación y sensación de abandono.

A ello se suman los testimonios de mujeres que han vivido en carne propia las consecuencias del caos. Anabel, una de las afectadas por los fallos en los cribados de cáncer de mama, relató en laSexta Xplica el horror vivido: “Me han robado una teta y yo le voté”. Su frase, dura pero reveladora, resume la rabia de muchas mujeres que confiaron en un sistema que debía protegerlas.

Y mientras las víctimas exigen explicaciones, la Junta intenta minimizar los datos. ¿Cómo puede afirmar Moreno Bonilla que solo hay 2.000 mujeres afectadas si, según informó La SER, el SAS habría estado desde 2021 sin informar a las pacientes con mamografías sospechosas?

Ante esta situación, cada vez más personas optan por clínicas privadas para obtener un diagnóstico. Esa deriva, además de injusta, distorsiona las cifras oficiales: si se hubiesen atendido todas las peticiones de pruebas, las listas de espera serían mucho mayores de lo que la Junta admite.

Desde que Moreno Bonilla llegó al poder, el Gobierno andaluz ha dejado de publicar las listas de espera de pruebas diagnósticas. Nadie puede saber cuánto tardará en hacerse una mamografía o una colonoscopia. Esa falta de transparencia, según denuncian los sindicatos, impide conocer la magnitud del problema y evita rendir cuentas. Mientras tanto, los hospitales se colapsan, los profesionales se marchan y los pacientes viven con la angustia de no saber si su salud está siendo atendida o abandonada.

La indignación se convierte en dolor cuando hablamos de los programas de prevención femenina. Los errores recientes no son incidencias burocráticas: reflejan una preocupante falta de cuidado hacia la salud de las mujeres. Las campañas de detección precoz del cáncer de mama o de cuello de útero salvan vidas, pero exigen organización, rigor y sensibilidad. Si el sistema cita a una fallecida o a una mujer sin útero, ¿cuántas otras están siendo ignoradas o diagnosticadas tarde?

No falta compromiso profesional, falta gestión política. Moreno Bonilla ha apostado por externalizar servicios y confiar en la sanidad privada mientras vende una imagen de eficiencia. Pero la eficiencia no se mide en ruedas de prensa, sino en la atención que recibe la gente.

Y cuando los andaluces expresan su descontento, el presidente intenta evitar el ruido. Este lunes acudió a inaugurar un nuevo centro de salud en Marbella, pero se llevó una monumental pitada. Evitó anunciarlo, no aparecía en la agenda del ayuntamiento y a los medios los convocó uno a uno. Todo para que hubiese foto, pero no gente. Sin embargo, fueron muchos los que acudieron para recordarle que no quieren edificios vacíos, sino médicos.

Durante décadas, la sanidad pública andaluza fue un orgullo colectivo. Hoy es motivo de preocupación. No por culpa de sus profesionales, sino por decisiones políticas que, a juicio de muchos, priorizan la imagen sobre la realidad. El Gobierno presume de presupuestos “históricos”, pero los hospitales siguen faltos de personal y los pacientes esperan meses para una simple analítica. Cuando la sanidad pública deja de funcionar, se quiebra un derecho fundamental.

Un mes y dos debates después, el Gobierno de Moreno Bonilla sigue sin aclarar qué falló en los cribados ni cómo piensa solucionarlo. Porque cuando la sanidad pública pierde su humanidad y la indiferencia sustituye a la empatía, el problema deja de ser técnico: es moral.

Por eso, Amama ha lanzado un órdago total al presidente cuando creía tener controlada la situación: manifestaciones en toda Andalucía el 9 de noviembre. “Andaluces, levantaos”, claman las mujeres con cáncer de mama para convocar movilizaciones en defensa de la sanidad pública. Una llamada que resuena con fuerza, porque la salud no se defiende con promesas, sino con hechos.