Alberto González Amador era el hombre del momento por, presuntamente, haber defraudado a la Hacienda Pública. Las informaciones que ahora son protagonistas de una de las investigaciones más mediáticas de nuestro país -si no la más- que comprometían al novio de Isabel Díaz Ayuso estaban aún recientes cuando ElPlural.com publicó que el empresario había reconocido a través de su abogado Carlos Neira haber cometido dos delitos fiscales.
Este periódico tuvo acceso al email que la defensa de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid envió a la Fiscalía, en el que claramente solicitaba alcanzar un acuerdo con ésta para evitar la entrada en prisión, así como pagar una sanción hasta siete veces mayor a la defraudada.
El documento, que se puede consultar de manera íntegra en este medio de comunicación y cuyo grueso se reproduce en las presentes líneas, ha sido objeto de juicios y debates sobre la situación del compañero sentimental de la lideresa regional, acusaciones contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y mentiras por parte del jefe de gabinete de la política ‘popular’, Miguel Ángel Rodríguez.
La carta, que reprodujeron varios medios de comunicación, se refería a la “reciente denuncia por un presunto delito contra la Hacienda Pública por parte de la AEAT en relación con el impuesto sobre Sociedades 2020 y 2021, correspondiente a la sociedad Maxwell, cuyo administrador único es Alberto González Amador”.
En ella, el abogado del empresario aseguraba que “estudiando el asunto” y “de común acuerdo” con su cliente, ponía sobre la mesa su “voluntad firme” de “alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos”. “Ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”, detalla. También se abría a “resarcir el daño causado pagando íntegramente la cuota e intereses de demora de la AEAT”.

Recordaba ElPlural.com en aquella información que para que haya un acuerdo entre las partes debe existir una citación judicial como imputado. Esto es, por un lado, que a la hora de redactar esta solicitud, González Amador estaba reconociendo los delitos; y por otro, el fiscal tenía que presentar la denuncia. Dicho de otro modo, entendió que no había posibilidad de un acuerdo de conformidad hasta que no se llegara a la fase de juicio oral.
La defensa del empresario se acogió al artículo 305.6 del Código Penal, que indica que “los Jueces y Tribunales podrán imponer al obligado tributario o al autor del delito la pena inferior en uno o dos grados, siempre que antes de que transcurran dos meses desde la citación judicial como imputado satisfaga la deuda tributaria y reconozca judicialmente los hechos"
Y añade: “Lo anterior será igualmente aplicable respecto de otros partícipes en el delito distintos del obligado tributario o del autor del delito, cuando colaboren activamente para la obtención de pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables, para el completo esclarecimiento de los hechos delictivos o para la averiguación del patrimonio del obligado tributario o de otros responsables del delito”.
Del “No voy a esperar que me aplaudan” al “Pasé a ser delincuente confeso”
ElPlural.com estuvo en boca tanto de González Amador como de Miguel Ángel Rodríguez la tarde del pasado martes, primero fue el jefe de prensa de la lideresa regional quien atacó a esta casa y a elDiario.es, con una línea editorial también progresista y que publicó las primeras informaciones sobre los negocios del empresario. La persona a la que se sitúa detrás de la estrategia de la presidenta no dudó en tildar a las dos cabeceras como “medios de línea editorial izquierdista” y, por lo tanto, no “espera” de ellos que le “aplaudan”.
A continuación, el novio de la presidenta, durante su turno y en medio de una declaración repleta de victimismo (llegó a decir “o me suicido o me voy de España”), el comisionista explicó lo relativo al correo en el que reconocía los delitos, pero manteniendo el tono de víctima. “Entre la nota de la Fiscalía y la publicación posterior del email, muy pocas horas después, por parte de ElPlural y de otros muchos medios, yo pasé a ser el delincuente confeso del reino de España”, señaló.
“Me había destrozado por completo. De hecho, lo que yo intuía, me lo confirmó Neira (su abogado, el que firmó la confesión de los delitos) se ha roto la presunción de inocencia. Tu derecho a la defensa se ha roto. Estamos en otro plano, en otra dimensión. Nadie es capaz de entender el daño que se me ha hecho y se me sigue haciendo”, prosiguió criticando así el trabajo periodístico de esta casa y otros compañeros de profesión. También cargó contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
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