Con el candente escenario de actualidad de los últimos tiempos, el ámbito judicial está tomando un papel relevante que no escapa del foco político. Desde la pasada semana hasta la fecha, desde la trama Koldo, pasando por el esperado informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, hasta el caso de Begoña Gómez, las novedades en las respectivas causas se han solapado con la actualidad política.

De esta manera, el cruce de reproches y acusaciones entre los dos gigantes políticos, el Partido Popular y el PSOE, con motivo de estos escenarios judiciales se ha incrementado y engrandecido la lupa sobre lo que acontece y acontecerá próximamente en el Tribunal Supremo o la Audiencia Nacional. Y es que los tiempos en los que han transcurrido estas novedades, que han emergido prácticamente a la par, han suscitado que estas causas converjan en tiempo y forma acaparando buena parte del interés mediático.

Pagos en metálico del PSOE

Fue el pasado viernes 31 de octubre cuando el magistrado instructor del Tribunal Supremo (TS) sobre la trama Koldo, Leopoldo Puente, decidiese remitir a la Audiencia Nacional (AN) la parte de la investigación relacionada con los pagos en metálico que la formación socialista realizó al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su exasesor, Koldo García.

El juez consideró en un auto que estos pagos podrían estar vinculados con un presunto delito de blanqueo de capitales por medio de liquidaciones de gastos, dejando así en manos del magistrado del Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la AN, Ismael Moreno, la decisión de asumir o no esta pieza de investigación.

Esta decisión de Puente viene justificada al considerar que la actividad contable de Ferraz “no está inescindiblemente vinculada” con el objetivo principal de la trama Koldo que está bajo su instrucción, centrada en la presunta comisión ilegal de adjudicaciones públicas. Asimismo, remitió al juez Moreno el informe de la UCO junto a toda la información facilitada por el PSOE, el cual recoge la existencia de comunicaciones sobre estos pagos en metálico que no se correspondían con los facilitados por el partido.

Por su parte, los socialistas reivindicaron, tras conocer el auto del juez, su “máxima colaboración con la Justicia” y su compromiso con la transparencia en aras de esclarecer estos hechos, según trasladaron entonces fuentes de Ferraz.

El esperado informe de la UCO coincide con la dimisión de Mazón

Más reciente en el tiempo, fue este lunes cuando, coincidiendo con la dimisión del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, de sus cargos institucionales un año después de la DANA, salió a la luz el esperado informe de la UCO relativo al análisis de las contrataciones públicas en Canarias durante la pandemia de coronavirus. Una resolución por parte de la Guardia Civil que afecta a Moncloa y que, a diferencia de otros casos que sitúan en la diana al PP, la tardanza es plausible, como bien es el caso del informe requerido en la causa que se cierne sobre el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, el cual acumula más de 130 días de espera.

Sobre este informe, quedó en claro que el juez Puente descartó incluir al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, anteriormente presidente del Gobierno canario, en la lista de imputados sobre la causa judicial de la contratación de mascarillas y demás material sanitario -a través de Soluciones de Gestión y Apoyo a la empresa, contratada por la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud- que parte de la trama Koldo, pieza separada más conocida como ‘Operación Delorme’.

Debido a la decisión del magistrado, tanto el Gobierno central como fuentes del equipo del ministro Torres salieron este lunes al paso para manifestar que “no hay mordidas, ni peticiones de comisiones, ni mujeres explotadas sexualmente, ni encuentros en chalet o pisos”, tal y como vinieron defendiendo los artífices del caso y secundó el espectro de la derecha y ultraderecha política.

Bajo este mismo marco, el juez Puente propuso este lunes juzgar a Ábalos, Koldo y el empresario comisionista Víctor de Aldama por las presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas durante la pandemia por tener indicios de presuntos delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos.

El juez Peinado reclama un informe a la UCO

En paralelo, y coincidiendo prácticamente al mismo tiempo, el juez instructor del caso que investiga a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, solicitó este lunes a la UCO la elaboración de otro informe que contenga los correos electrónicos de la investigada que habría enviado desde la cuenta corporativa de Moncloa en los últimos siete años. De esta manera, Juan Carlos Peinado ha vuelto a incidir en este detalle de la causa pese a que fuentes cercanas a Gómez adelantaron a elDiario.es que la cuenta de email en cuestión no contiene mensaje alguno que pueda resultar determinante.

La última solicitud del titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid llega después de que el departamento de tecnología de Presidencia del Gobierno hiciera entrega de todo el material que se incluía en la cuenta bgomez@presidencia.gob.es y que hacía referencia a la actividad de la mujer del presidente en el periodo comprendido entre el 11 de julio de 2018 y el 23 de septiembre de 2025. Tras recibir todo ello, el juez Peinado lo remitió a la UCO “para que procedan al análisis e informe sobre los que tienen relación con la causa”, avanzando que después dará a las partes traslado tanto del informe como de los correos analizados, "para preservar el derecho a la intimidad".

Esta celeridad en ambas causas, tanto la que se cierne sobre Ábalos y Koldo como sobre Begoña Gómez, ha llamado la atención en el escenario político y mediático debido a que, en paralelo, otras causas que afectan a personalidades del PP aún están a la espera de recibir respectivos informes de la UCO, entre otros avances en su proceso.

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