Los seis agentes de los Mossos de Esquadra imputados por una agresión racista en Manresa (Barcelona) han pedido al juez anular la rueda de reconocimiento que persigue identificar a los autores de cada uno de los insultos y amenazas contra la víctima. La defensa de los policías alega que se ha rebasado el plazo máximo de instrucción de seis meses. Los hechos ocurrieron durante la detención del hombre en un desahucio en la localidad de Sant Feliu Saserra, en enero de 2019.
El escrito de la defensa de los agentes, con fecha de 9 de junio, fue presentado una semana antes de que SOS Racisme hiciera pública la grabación de la agresión, según adelanta Eldiario.es. La Conselleria de Interior reaccionó cambiando de destino a los policías.
El cas que s’explica aquí no és només conseqüència de la ideologia racista d’un grup d’agents del cos de @mossos, sinó que ve determinat pel context de manca de mecanismes de control, impunitat, racisme i corporativisme policial en què els agents treballen. pic.twitter.com/fhzSlHo0Ph
— Sos Racisme Cat (@SOSRacis) June 15, 2020
El 15 de mayo, el juez acordó realizar una rueda de reconocimiento de los seis agentes investigados tras varios intentos infructuosos a lo largo de un año de instrucción para identificar cuántos mossos insultaron y amenazaron a la víctima. Los policías se han acogido a su derecho a no declarar.
"Racista no, lo siguiente"
"Negro de mierda, hijo de puta, racista no, lo siguiente, eres un mono", fue uno de los insultos que recibió la víctima de uno de los policías, que se enfrentan a un delito de lesiones y otro contra la integridad moral.. Otro de los agentes le pide que lo mire: "¿Has visto alguna vez el demonio tan cerca? Soy lo más cerca que vas a ver el demonio".
Otro de los mossos investigados amenazó al hombre con "hundirle la cara" si le "vuelve a tocar" y otro afirmó que no era racista, sino "ordenado". Los seis investigados son de la unidad ARRO, que apoya a los antidisturbios de los Mossos en dispositivos de orden público.
La defensa, ejecida por un bufete externo a la abogacía de la Generalitat, se ampara en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para pedir el sobreseimiento del caso. Este artículo, introducido en la norma durante el Gobierno del PP y que el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos quiere reformar, puso una fecha de caducidad de seis meses a las investigaciones penales.
