A las 11 horas, alrededor de 200 personas se han congregado ante las puertas del Palacio de las Comunicaciones, sede del Ayuntamiento de Madrid. El motivo de esta concentración radica en la decisión de la corporación municipal que rige José Luis Martínez Almeida de retirar las placas de los fusilados por el franquismo del Memorial de La Almudena.

La protesta ha sido convocada por varios colectivos Memorialistas así como el Partido Comunista y otros movimientos. “Fuera fascistas de las instituciones”, han gritado al unísono las dos centenares de almas que se han reunido bajo un cielo amenazante a las puertas del Consistorio de la ciudad de Madrid.

Los convocantes han denunciado que el equipo de Gobierno del Consistorio “manifiesta una actitud autoritaria, revanchista y sectaria”. Consideran que la corporación municipal “crea y promueve la discordia y el enfrentamiento en una sociedad ajena a los discursos del odio”. Además, los portavoces han calificado esta medida del Ayuntamiento como “un castigo post mortem añadido a las familias” de los fusilados.

Las asociaciones, flanqueadas por Pepu Hernández, portavoz del Grupo Municipal socialista, y Mauricio Valiente, ex edil de Ahora Madrid, han leído un comunicado en el que abogaban por la defensa de la Memoria y hacían un llamamiento no sólo a la clase política, sino también a la sociedad civil para defender los derechos de los represaliados por la dictadura franquista.

Denuncia ante la Fiscalía

Por otro lado, la Asociación Memorialista Ranz Orosas ha solicitado a la Fiscalía General del Estado y al Tribunal de Cuentas que investiguen al Ayuntamiento de Madrid por el manejo de fondos públicos en relación al desmantelamiento del memorial de La Almudena.

La denuncia la han presentado este martes tras conocer la triste noticia. En ella se expone que “el pasado mes de mayo de 2019, una obra adjudicada en el mes de abril del mismo año, por 210.000 euros y ejecutada en un 80% del proyecto, a falta de tres semanas para su finalización”.

El colectivo considera que es “un deber ineludible de los distintos órganos municipales la defensa de los intereses de las arcas públicas y de la corporación”. Con la decisión del Consistorio, según subrayan, se ha “dañado de gravedad al conjunto de los madrileños” y, por este motivo, “presentamos la denuncia” por un presunto delito de “prevaricación”.