La Audiencia Nacional ha aceptado la competencia de la investigación de la Operación tarantelo, una trama dedicada a la comercialización ilegal del atún rojo que incurriría en la comisión de varios delitos, incluido el de organización criminal. El caso recae en la AN después de que el Juzgado de Instrucción número 3 de Picassent (Valencia) se inhibiera por la complejidad de la red delictiva.

A los acusados se les atribuyen posibles delitos relativos a la pesca furtiva del atún, un delito contra la fauna, contra la salud pública, falsedad en documento mercantil, delito continuado de estafa, blanqueo de capitales y organización criminal.

La trama contaba con un total de 20 empresas implicadas, entre las que destacan las sociedades Marfishval y Pescnort Mar. De hecho, las pesquisas argumentan que el entramado contaba con un nivel de “estabilidad” que, sumado a la “pretensión de su constitución por tiempo indefinido” (frustrado por la actuación policial), les otorgaría el grado de “organización criminal, que no grupo criminal”: se aprecia “un reparto de responsabilidades y tareas con la suficiente consistencia y rigidez, incluso temporal” que permitiría acusarles de dicho delito, reza el auto fechado a 27 de febrero de 2019 y al que ha tenido acceso ElPlural.com.

El objetivo de la trama era “suplantar la identidad de los ejemplares para darles una apariencia de atún rojo, así como falsificar su documentación, todo ello para tener un mayor beneficio económico”

Y es que, las responsabilidades de los acusados dentro de la estructura delictiva estaban perfectamente fijadas e identificadas, de tal manera que Carlos Fernández Fernández era el responsable de la empresa Marfishval y Pescnort Mar. Éste, junto a una persona de su confianza, de nombre Khalidd Mouslim, formaban parte de la sociedad General World Frozen, que se encargaba del blanqueo de capitales procedentes de la actividad ilécita.

Khalidd conseguía los ejemplares mediante la pesca furtiva y organizaba la recepción, entrega, confección de documentos falsificados y el reclutamiento de personas; al tiempo que realizaba viajes a Marruecos, Túnez, Malta o Turquía, donde negociaba la compraventa del atún rojo.

A su vez, Carlos Fernández contaba con Antonio Amor y Javier Amorós López para blanquear los ejemplares capturados fraudulentamente.

El grado de minuciosidad era tal que había una persona responsable de la confección de documentos de identificación comercial y sanitaria falsos, así como otros se dedicaban al despiece y distribución. Toda una red formada por una veintena de compañías que blanqueaban y comercializaban el atún rojo fraudulento mientras, otras, emitían facturas falsas para blanquear los beneficios.

El objetivo no era otro que “suplantar la identidad de los ejemplares para darles una apariencia de atún rojo, así como falsificar su documentación, todo ello para tener un mayor beneficio económico”, asegura el juez. “Con esta actuación daban apariencia de pescado fresco y engañaban a los consumidores comercializando como atún rojo especies que no lo eran”, sentencia.

Las diligencias practicadas por la Jefatura del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) y por la Unidad Central Operativa de Medioambiente del mismo cuerpo policial constataron “que los atunes que viene manipulando el grupo criminal organizado que se investiga” estaría “ocasionando graves riesgos para la salud de las personas por fraude alimentario, alterando los pescados con grandes concentraciones de histamina”, provocando que los productos de pesca no fueran aptos para el consumo humano.

El influjo de la trama era tal que se practicaron entradas y registros en nueve comunidades autónomas: Valencia, Alicante, Málaga, Madrid, Toledo, Cádiz, Huelva, Barcelona, Murcia y Sevilla. Dichas operaciones se saldaron con la detención de varios investigados, que a la postre, quedaron en libertad provisional a fecha de 27 de junio de 2018.

La Audiencia Nacional ya solicitado a la Unidad Central Operativa de Medioambiente (UCOMA) un informe detallado de la organización, al tiempo que ha pedido al Ministerio de Sanidad y Consumo un informa sobre el efecto de la histamina en la salud de las personas y la normativa aplicable al atún rojo.

Asimismo, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación deberá remitir al magistrado la normativa de la pesca y, concretamente, las limitaciones del atún rojo.