La primera ola del coronavirus no tuvo piedad con las personas de avanzada edad, miles de personas fallecieron en España al no tener una respuesta rápida y eficaz contra el virus que aún era desconocido para todos. Sin embargo, esta situación se vio agravada en las residencias de mayores.

Dos años después de aquella crisis sanitaria que paralizó a un país y al mundo entero, los centros geriátricos y asociaciones que velan por los derechos de las personas mayores claman justicia. Por esta cuestión se han abierto multitud de procedimientos a instancias de la Fiscalía de Madrid por posibles indicios de delito durante este periodo, pero es ahora cuando un juzgado ha abierto un procedimiento penal, por el cual la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias (PLADIGMARE) se ha personado como Acusación Popular con una fianza de 1.000 euros, aunque en un primero momento la cuantía era de 3.000 euros.

Se han abierto diligencias tanto en el centro de Orpea Carabanchel como en el de Adolfo Suárez y que, a pesar de que es una situación que se lleva alargando en el tiempo desde julio de 2021, la asociación mantiene firmes sus esperanzas de que se haga justicia: “Vamos a intentar que se investigue a fondo y que se depuren todas las responsabilidades”, confía su presidente, Miguel Vázquez, en conversaciones con ElPlural.com.

 

Los protocolos, el principal problema

El dolor y el sufrimiento que esta consecución de hechos generó entre los residentes, sus familiares y los trabajadores de las residencias al ver que no tenían recursos materiales ni administrativos para paliar tales circunstancias se debió a problemas de estructura y gestión que se han ido perpetuando en el tiempo: negativas a trasladar a enfermos a los hospitales de la zona y falta de atención sanitaria y humana.

Esta toma de decisiones, según apunta Vázquez, repercute directamente en los responsables políticos: “Se dictaron protocolos para la no derivación a hospitales, pero no se enviaban médicos para tratar a los pacientes en las residencias”, condena.

De esta manera, desde PLADIGMARE insisten en que “los políticos que gobiernan la Comunidad de Madrid podrían haber ocasionado miles de muertes con los protocolos que elaboraron. Algo han hecho mal y pedimos investigaciones al respecto”.

Aunque no es un escenario que se haya producido únicamente en esta autonomía. Vázquez apunta que el Comité Europeo de las Regiones confirmó que Madrid era uno de los territorios con más mortandad por la pandemia, a la que le seguían otras autonomías españolas como Castilla – La Mancha y Castilla y León.

Revolución contra el modelo de las residencias

Con la esperanza de “que se haga justicia e ir un paso más allá”, la Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarias de Residencias ha convocado para este sábado 17 de septiembre una manifestación a las 18:00 horas entre Plaza de España y Plaza de Callao para poner en valor los derechos y la dignidad de las personas mayores y para reclamar un nuevo modelo de los centros geriátricos.

 

“Lo que menos prima es la atención a los mayores”, condenan desde PLADIGMARE y, por ello, se suman a la marcha en la que los organizadores han conversado con sindicatos, pensionistas, formaciones políticas y otros colectivos para sumar más apoyos.

Entre las distintas peticiones, se encuentra el aumento de órganos de representación de familiares, impulsar plazas públicas en las comunidades autónomas o fortalecer la coordinación con los agentes de la sanidad pública para controlar la salud de los residentes, entre otras medidas.