El secretario general de la Confederación Intersindical Galega (CIG), Paulo Carril, le ha reclamado al gobierno gallego que actúe de inmediato para evitar la venta “ilegal y fraudulenta” del complejo industrial y energético de Ferroatlántica por parte del grupo Villar Mir a un fondo de inversión estadounidense. Durante la comparecencia, el líder sindical ha mostrado un informe jurídico elaborado por el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de la Coruña Carlos Aymerich que confirma la necesidad de una autorización administrativa para llevar a cabo la venta. Asimismo el dictamen también pone en duda que se vaya a respetar la clausula que impide la segregación de actividades.
Según ha explicado el máximo responsable de la central sindical nacionalista, el informe fue encargado ante la falta de responsabilidad por parte del ejecutivo que dirige Alberto Núñez Feijóo a la hora de actuar con contundencia frente a la situación crítica en la que se encuentra Ferroatlántica y que se inició años atrás. “Se trata de un trabajo que fundamenta desde un punto de vista legal la evidencia que tenemos constatada: no estamos delante de una operación limpia, sino que se trata de un proceso ilegal, agravado por el hecho de que se pretende que las fábricas pasen a ser una especie subcontrata de FerroGlobe, desvinculado de la producción de energía y sin garantías de viabilidad y mantenimiento del empleo”, ha asegurado Carril.
Por lo tanto, le ha exigido a la Xunta y en especial al presidente gallego, que esté a la altura de las circunstancias y actúe de inmediato ante un nuevo intento del grupo Villar Mir de obtener liquidez para hacer frente a las operaciones que llevó a cabo en el sector inmobiliario. “Ahora pretenden de manera encubierta especular una vez más con las centrales hidroeléctricas”, ha sentenciado.
En este sentido, ha señalado que la operación de venta se produce en un momento “crítico” para el sector industrial gallego, por el que el gobierno autonómico tiene la obligación de velar para que las materias primas y los recursos energéticos gallegos reviertan en la capacidad de industrialización y de generación de empleo. “Es inaudito e insólito que tengamos fábricas que por falta de una regulación para la industria electrointensiva estén perdiendo puestos de trabajo o cerrando, como también lo es que la Xunta, siendo titular de concesiones hidráulicas no lleve a cabo acciones que garanticen la industrialización y la creación de empleo”.
Sentencia pendiente
En consecuencia, el sindicalista ha denunciado que sucede todo lo contrario “porque somos un país productor de energía y padecemos los efectos de la contaminación que estas actividades generan, pero contribuimos a la industrialización, desarrollando la fijación de la población en otros territorios del Estado”. Además, ha criticado que este nuevo intento de venta tenga lugar cuando aún está pendiente la sentencia sobre el recurso interpuesto por la empresa hace dos años contra la resolución del gobierno gallego que impidió el segundo intento del grupo Villar Mir de deshacerse de las centrales hidroeléctricas. “Tenemos que recordar que hace dos años, al igual que hoy, tuvo que ser la plantilla de Ferroatlántica los que obligaron a la Xunta a actuar en defensa del futuro industrial, del empleo y de la continuidad de las fábricas. También en aquel momento, como hoy, lamentamos que el ejecutivo sea tan lento a la hora de actuar con contundencia ante una situación como la que estamos viviendo”.
Para finalizar, ha calificado de “escandaloso” que tanto el vendedor como el comprador se niegan a retirar el recurso interpuesto contra el gobierno gallego, “lo que confirma que no existe buena fe en la operación sino un intento de llevar a cabo una venta fraudulenta y contraria a la legislación existente”.
