Vuelve la polémica por el Toro de la Vega. El Gobierno ha pedido a la Fiscalía que paralice la celebración de este festejo taurino, que está previsto que se retome el próximo 13 de septiembre en el municipio de Tordesillas, al entender que se podría incurrir en un delito de maltrato animal. Esta iniciativa ha vuelto a reavivar el debate sobre esta práctica, que no se ha llevado a cabo en los dos últimos años a causa de la pandemia por coronavirus, y ha despertado el apoyo de unos y la confrontación directa de otros. En este último caso, PP y Vox, que apelan a "las tradiciones".

Este jueves, el Ministerio de Derechos Sociales ha registrado en la Fiscalía de Medio Ambiente una solicitud para que tome "medidas cautelares" respecto a esta celebración, en la que -alegan- se podría derivar en un delito de maltrato animal tras la modificación de las Bases Reguladoras. En concreto, se refieren a los puntos de esta que hacen referencia a la prohibición de alancear al toro, tal y como se ha realizado históricamente y cuya prohibición ya ratificó el Tribunal Supremo en 2019, así como de darle muerte con la presencia de público. Pero también a hacerle daño.

Y es que esta norma sí incluye la posibilidad que al morlaco se le puedan clavar hasta siete punzones o arpones en el cuerpo, lo que -aseguran en el texto- va en contra del Reglamento de Espectáculos Taurinos Populares de la Comunidad de Castilla y León, en la que se prohíbe "expresamente herir, pinchar, golpear, sujetar o tratar de cualquier otro modo cruel" a los astados. Por tanto, insisten, esta práctica va en contra de la normativa autonómica, acordada en 2016 y que Tordesillas recurrió hasta que el Supremo puso fin a la muerte pública.

Así lo han manifestado explícitamente en el escrito la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Lilith Verstrynge, y el director general de Derechos de los animales, Sergio García Torres, así como la propia ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, quien se ha hecho eco de esta situación. "Es inadmisible que se siga financiando esto con dinero público", ha señalado en sus redes sociales en respuesta al mensaje de Verstrynge, quien ha denunciado lo que considera un acto de "tortura" y "humillación animal".

En el registro, el ministerio recuerda que "varias organizaciones han señalado los graves daños que dichas divisas producen" en el cuerpo del toro al incrustarse. Detallan que estas pueden causar heridas de hasta 12 centímetros de profundidad que pueden alcanzar los pulmones o la cavidad torácica, provocando una muerte muy dolorosa. También que, al hacerlo durante el transcurso del torneo y no antes, esto "agrava por sí misma los posibles daños que el animal puede sufrir". 

PP y Vox, en contra

La mera presentación de este escrito ha sido censurada por parte de la oposición. Concretamente por el Partido Popular y Vox, quienes aseguran que se trata de costumbres culturales de nuestro país que hay que defender. En declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso, desde la formación de extrema derecha han asegurado que "respetan las tradiciones". 

"Abogamos por la seguridad, ya sea un espectáculo taurino o una obra de teatro, pero lo que respetamos y defendemos son nuestras tradiciones", afirman. De hecho, hace unos días esta formación -que hasta hace un mes gobernaba en coalición con el PP en el Ayuntamiento de la localidad- solicitó que se revocara la norma vigente para que se pudiera volver a matar al astado de forma pública.

La postura de defensa de las tradiciones también la comparten desde la formación popular. Su portavoz en la Cámara Baja, Cuca Gamarra, también ha censurado la denuncia del Ejecutivo ante la Fiscalía y ha calificado los festejos del Toro de la Vega como "tradiciones culturales". Quienes sí han manifestado estar de acuerdo con esta iniciativa son los partidos de la coalición -véase Psoe y Unidas Podemos- así como Más País. Tanto Patxi López, diputado socialista, como Íñigo Errejón, han asegurado expresamente suscribir la petición de Derechos Sociales para paralizar la celebración de la fiesta de Tordesillas. 

Esta polémica no es nueva ya que, cabe recordar, en 2015 la tensión se agravó después de que varios activistas por los derechos de los animales se encadenaran a señales de tráfico de la ciudad para intentar impedir que se soltara al toro. Entonces este sí podía morir de forma pública en medio del pinar, un extremo que ya denunciaron las asociaciones animalistas. También acusaron a los responsables del operativo de seguridad de poner en riesgo a estos manifestantes, contra quienes se enfrentaron los propios vecinos de Tordesillas en un conflicto muy sonado.