El Consejo de Ministros aprobará este martes el proyecto para dotar a cada provincia de un centro de atención integral a mujeres víctimas de violencia sexual y al que el Gobierno destinará inicialmente 19,8 millones de euros.
Los centros de atención funcionarán mañana, tarde y noche durante todos los días del año, con atención psicológica, jurídica y social para víctimas de violencia sexual y sus familiares, según el proyecto preparado por el MInisterio de Igualdad, que dirige Irene Montero.
La primera partida de los fondos irá destinada a habilitar las oficinas de atención a las víctimas, que se espera que abran en 2023. Cada autonomía recibirá una primera cantidad de 300.000 euros por provincia. El Ministerio de Igualdad calcula que cada centro costará un millón de euros, un importe que será completado con fondos europeos.
La propuesta de reparto, que debe de ser ratificada en una conferencia sectorial en abril entre el ministerio que encabeza Irene Montero y las comunidades autónomas, se hará función de la cantidad de mujeres mayores de 16 años, la dispersión de la población o la insularidad, según el proyecto, que adelanta El País.
Un acuerdo del Consejo de Europa
La creación de los centros de atención a las víctimas de violencia sexual está recogida en el acuerdo del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, conocido como convenio de Estambul, aprobado en 2011 y ratificado por España en 2014.
El acuerdo establece que deben ser atendidas las mujeres que son maltratadas por sus parejas o exparejas, pero también aquellas sometidas a matrimonios forzosos y mutilaciones genitales, quienes hayan sufrido acoso sexual, exhibicionismo o provocación sexual, prostitución “ajena”, así como proxenetismo, explotación sexual, trata con fines de explotación sexual, acecho o acoso reiterado por razón de género o feminicidio sexual.
Preferiblemente especialistas mujeres
En los centros de atención a estas víctimas trabajarán psicólogas, psiquiatras, abogadas, profesionales de ciencias sociales con capacidades y formación especializada en intervención o contención en crisis o emergencia (trabajadoras sociales, educadoras sociales, pedagogas o de otras disciplinas) y mediadoras culturales o traductoras.
La intención de Igualdad, que recoge todos los perfiles profesionales que trabajarán en los centros en femenino, es que las contratadas sean mayoritariamente mujeres, como ya ocurre en servicios como el teléfono de atención a víctimas de violencia machista (016), recién abierto también a agresiones sexuales.
