La Policía Nacional ha detenido en Miguelturra, Ciudad Real, a tres hombres acusados de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, pertenencia a organización criminal y delitos contra los derechos de los trabajadores. Según las investigaciones, uno de los detenidos habría forzado a una trabajadora del club de alterne a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento, imputándole también los delitos de agresión sexual y violencia de género.
El caso salió a la luz tras la denuncia de una mujer que afirmaba haber sido obligada a prostituirse en un conocido club de alterne de la localidad. Las investigaciones revelaron que el establecimiento estaba dirigido por varios individuos que formaban una estructura criminal. Estos utilizaban el engaño, la intimidación y las amenazas para controlar a las trabajadoras sexuales, llegando incluso a retener hasta la mitad de los ingresos obtenidos por cada servicio.
La situación comenzó cuando la víctima, engañada, viajó a Ciudad Real creyendo que iniciarían una relación sentimental con uno de los ahora detenidos y que trabajaría como camarera. Sin embargo, tanto ella como una amiga fueron forzadas a ejercer la prostitución bajo condiciones severas impuestas por los responsables del club.
La red contaba con un sistema que multaba a las mujeres que se negaban a prostituirse
Durante la operación policial, se ejecutó un mandamiento de entrada y registro en el local, identificando a otras 13 trabajadoras sexuales, la mayoría en situación irregular. Estas mujeres eran obligadas a trabajar en condiciones abusivas y a entregar parte de sus ingresos al responsable del local. La intervención permitió la incautación de documentación relevante, fotocopias de pasaportes, pistolas simuladas y cerca de 2.500 euros en efectivo. Además, se ha ordenado la clausura cautelar del establecimiento.
El control sobre las trabajadoras incluía un sistema de multas que penalizaba a las mujeres que, por diversos motivos, se negaban a prestar servicios sexuales. Las sanciones oscilaban entre 50 y 100 euros, generando deudas que las obligaban a seguir ejerciendo la prostitución para saldarlas. Este tipo de prácticas son habituales en organizaciones criminales dedicadas a la trata de personas, ya que establecen un vínculo de deuda económica con las víctimas, buscando prolongar su permanencia en la red y, en algunos casos, llegando a retener pasaportes o extorsionar a familiares en los países de origen.
El plan de la Policía Nacional contra la trata
Esta operación se inscribe en el Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual. La institución dispone de una línea telefónica (900 10 50 90) y un correo electrónico (trata@policia.es) para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia anónima y confidencial de estos delitos.
