El periodista de la Cadena SER, Aimar Bretos, ha criticado en el programa Hora 25 al Gobierno de la Comunidad de Madrid por su gestión de la pandemia. Ante la falta de rastreadores y el preocupante aumento de los contagiados, Isabel Díaz Ayuso ha decidido recurrir a la privatización del servicio y el comunicador se ha hecho viral tras destripar en un editorial todos los pasos que ha dado la presidenta de la región hasta dejar el servicio a manos de una compañía privada.

Tres meses después de que el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, asegurara la contratación de 400 especialistas sanitarios para rastrear los contactos de las personas que han dado positivo por coronavirus, el Ejecutivo regional ha decidido firmar con una compañía privada la contratación de 22 especialistas para realizar dicha función.

“El Gobierno de Ayuso ha decidido privatizar el servicio de rastreadores porque aseguran que ahora no da tiempo a formar a los especialistas de la Administración Pública”, ha comenzado su editorial.

“Durante las primeras semanas de la pandemia, el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid criticó la gestión única del Gobierno central. Con el avance de la desescalada, todos los expertos advirtieron de la contratación de rastreadores y Sanidad terminó frenando a Madrid ante la prisa que tenían por conseguir la reapertura de negocios”, ha razonado el periodista.

Según el comunicador, las peticiones de cambio de fase llevaron consigo una serie de propuestas, algunas de ellas todavía no se han cumplido por parte del Gobierno regional. “Madrid aseguraba en sus informes que firmarían a los especialistas rápidamente y cuando recuperó la gestión total de las competencias sanitarias perdió la prisa por contratar a los rastreadores prometidos”, ha apuntado.

“A finales de julio, tras el aumento de los contagios, el Gobierno de la Comunidad de Madrid desveló que tenían 400 rastreadores, cuando, al menos, son necesarios 1.000”, ha explicado Aimar Bretos. Ante la falta de especialistas que pudieran controlar los contactos que habían tenido algunas personas que habían dado positivo, Ayuso decidió “buscar voluntarios recién licenciados y sin pagar ni un euro”.

A pesar del debate abierto sobre los voluntarios, el periodista ha desvelado que “existe una ley en la Comunidad de Madrid de 2015 que asegura que el voluntariado no llevará a cabo funciones de la Administración pública, ni asumirán el ejercicio de funciones públicas", pero "la Comunidad de Madrid trató de conseguirlos”.

Tras los voluntarios llegó el enfrentamiento del Consejero de Sanidad de la región, Enrique Ruiz Escudero, con el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. “Mientras en España el 50% de contagios son asintomáticos, en Madrid su tasa era del 7%, esto no es porque haya menos, sino porque se rastrea menos”.

“Tal dato aparecía un informe oficial del Gobierno de Ayuso. Fernando Simón mostró su preocupación por ello. Escudero salió indignadísimo y aseguraba que el 60% es asintomático. Y el Ejecutivo regional decidió solucionar la contradicción borrando el párrafo en el que ponía el dato del 7%”, señala en tono de crítica Aimar Bretos.

Ante la falta de rastreadores y la búsqueda de voluntarios, la Comunidad de Madrid ha decidido “privatizar el servicio”. “Madrid pagará 194.000 euros públicos a cambio de 22 rastreadores, 2 médicos y 20 auxiliares de enfermería, bajo el procedimiento de urgencia”.

La principal idea que surge mediante la contratación, y alegando que no había tiempo para formar a los especialistas de la Administración Pública, es que la empresa privada contaría con un equipo ya formado, pero, tal y como adelanta el periodista, “hemos visto en una página de empleo que la empresa publicó una oferta en la que demandaba sanitarios para rastrear a los contagiados”.

“¿Cómo puede un gobierno autonómico reconocer que ya no le da tiempo a formar a sus rastreadores?”, se pregunta el periodista. Y advierte que hace dos meses el Colegio de Médicos de Madrid ofreció un listado con 1.800 sanitarios que podrían trabajar como rastreadores, pues tal y como informa Aimar Bretos, “la Comunidad de Madrid todavía no ha accedido al listado que se le remitió”.