Propiciar un crecimiento basado en una alimentación saludable mientras los más pequeños comienzan a conocer y se van familiarizando con los productos de calidad que se producen en nuestro país. Esta es la premisa con la que la Asociación Española de Denominaciones de Origen, Origen España, ha trasladado al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 una propuesta para que los productos amparados por sellos de calidad diferenciada, los reunidos bajo las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP), tengan un papel prioritario en el futuro Real Decreto que regulará la alimentación en comedores escolares. La iniciativa se enmarca en el trámite de audiencia pública del borrador normativo, iniciado el pasado 18 de diciembre, y busca reforzar la presencia de estos alimentos en centros de titularidad pública y en aquellos privados que atienden a personas dependientes o con necesidades especiales.
El proyecto de Real Decreto al que se refiere Origen España tiene como objetivo mejorar la oferta nutricional en comedores escolares, hospitales, residencias y otros centros colectivos, al tiempo que promueve una alimentación saludable y sostenible, alineada con las estrategias europeas en materia de consumo responsable y transición ecológica. Para ello, el texto trasladado al ministerio llama a la compra pública como palanca clave para impulsar sistemas alimentarios con menor impacto medioambiental y mayor valor social.
En este contexto, Origen España ha planteado una enmienda concreta al borrador, siendo esta pedir que se establezca una puntuación adicional o una cuota mínima de reserva para los productos acogidos a figuras de calidad diferenciada en los procesos de contratación pública. De esta manera, el presidente de la asociación, Ángel Pacheco, defiende que estos alimentos “suponen una garantía de calidad y sostenibilidad, permiten a los consumidores conocer el origen de lo que comen y están vinculados a una tradición y una historia que hay que mantener”.
La propuesta cobra especial relevancia si se tiene en cuenta el peso de las Indicaciones Geográficas en el sistema agroalimentario español. Con 393 IIGG registradas, de las cuales 225 corresponden a productos agroalimentarios, España es el tercer país de la Unión Europea con mayor número de sellos de calidad, solo por detrás de Italia y Francia. Sin embargo, pese a esta posición destacada, la presencia de productos con DOP e IGP en comedores escolares, hospitales o residencias sigue siendo muy limitada, una situación que el sector atribuye a la ausencia de normativas que incentiven de forma clara su incorporación a la compra pública.
Desde Origen España apuntan a que otros países europeos han avanzado en este ámbito. Francia, por ejemplo, cuenta con la ley EGalim, que fomenta la compra de productos locales y de calidad en la restauración colectiva, lo que ha impulsado la presencia de alimentos con sellos reconocidos como las DOP e IGP. En Italia, aunque no existe una normativa específica, los contratos públicos más recientes muestran un creciente interés por integrar estos productos en la cesta de la compra estatal. “Es importante que España, un país con una larga tradición de Indicaciones Geográficas, se sume a la tendencia marcada por estos estados”, subraya Pacheco.
Uno de los pilares de la estrategia defendida por Origen España es la contribución de las Indicaciones Geográficas al desarrollo sostenible. Según la asociación, estos esquemas de calidad están estrechamente ligados a la conservación de los recursos naturales, ya que las condiciones medioambientales de las zonas de producción son determinantes para las características y la calidad de los productos certificados. Además, la producción, transformación y elaboración se concentran en áreas geográficas concretas, lo que favorece el desarrollo socioeconómico de las comunidades rurales y reduce el impacto ambiental asociado al transporte de larga distancia.
Estos principios encajan con los criterios recogidos en el propio borrador del Real Decreto, cuyo preámbulo destaca la importancia de los canales cortos de distribución y de los productos de proximidad. Para Origen España, priorizar DOP e IGP en la compra pública sería una forma coherente de trasladar estos principios del plano teórico a la práctica.
La asociación también ha puesto el foco en la calidad nutricional de los productos con sellos de origen, especialmente en relación con el uso del término “ultraprocesado” en el borrador normativo. El texto limita la adquisición de este tipo de alimentos en comedores colectivos, pero Origen España advierte de un uso excesivamente genérico del concepto. “Muchos productos con calidad diferenciada, aunque sean transformados, mantienen una densidad de micronutrientes esenciales muy superior a la de sus equivalentes sin DOP o IGP”, explica Pacheco.
En este sentido, se citan ejemplos como los quesos o los embutidos curados, cuya elaboración se basa en procesos tradicionales y naturales. La asociación subraya que el empleo de aditivos autorizados en productos DOP e IGP responde a criterios estrictos de necesidad tecnológica y seguridad alimentaria, y no a una pérdida de calidad nutricional.
Otro de los argumentos clave es el sistema de control que rodea a estas figuras de calidad. Los Consejos Reguladores realizan catas, inspecciones y análisis continuos para garantizar que cada producto cumple con los estándares recogidos en su Pliego de Condiciones. Este proceso, según Origen España, aporta una garantía adicional de seguridad alimentaria, autenticidad y trazabilidad, valores especialmente relevantes en el ámbito de la restauración colectiva.
La entidad recuerda además que la Unión Europea protege y promueve activamente los esquemas de calidad diferenciada y les otorga prioridad frente a otros productos. De hecho, la Comisión Europea trabaja actualmente en un Plan de Acción para las Indicaciones Geográficas que contempla destinar un porcentaje de la compra pública a alimentos con sellos DOP e IGP. En este marco, la asociación defiende que su propuesta responde también a una cuestión de coherencia normativa entre las distintas administraciones.
Por último, Origen España destaca la dimensión educativa de los comedores colectivos. Priorizar productos con DOP e IGP en estos espacios permitiría acercar el patrimonio gastronómico español a los usuarios, fomentar el reconocimiento de los sellos de calidad diferenciada y promover patrones de consumo más saludables y ligados a la tradición. “Es una herramienta pedagógica de gran valor”, concluye Ángel Pacheco, que puede contribuir a formar consumidores más informados y conscientes desde edades tempranas.
