El departamento del ministro Pablo Bustinduy ha abierto una investigación contra los grandes portales inmobiliarios por ofrecer pisos de alquiler en zonas tensionadas por encima de los precios establecidos por ley, en el caso de los grandes tenedores, o que no incluyan en el anuncio cuál era el precio del último contrato, para los particulares. El ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha iniciado la indignación después de que detectara algunas actuaciones que podrían infringir las nuevas reglas de transparencia en la oferta de vivienda en zonas declaradas oficialmente como tensionadas. Según los de Bustinduy, estas practicas podrían ser infracciones de la normativa de consumo al ser “desleales por engañosas”.
La ley de vivienda vigente obligaba a proporcionar dicha información antes de la firma del contrato, pero la nueva norma obliga a que esta aparezca en los anuncios. Una información que se estaría ocultando en ciertos casos. Por su parte, la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, aprobada en el Congreso de los Diputados el pasado 11 de diciembre, y publicada en el BOE el 27 del mes pasado, obliga a las plataformas inmobiliarias a publicar en los anuncios online de viviendas en zonas tensionadas de forma “clara y accesible” la información que permita al consumidor conocer los parámetros utilizados para justificar la renta ofertada.
Además de las imposiciones anteriores en los anuncios, la Ley por el derecho a la vivienda, aprobada en mayo de 2023, establece ciertos cortafuegos para tratar de enfriar el incremento de los precios en las zonas tensionadas que se declaren como tales. El primero de ellos acota los porcentajes de subida que pueden aplicar los caseros en el momento de la renovación de acuerdo con el Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda (IRAV), establecido por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este índice sustituye al IPC, que tradicionalmente había sido la referencia, pero que desde hace dos años ha dejado de servir como termómetro.
Consumo asegura que los portales y asociaciones inmobiliarias fueron informados por escrito por el secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán, el pasado 29 de diciembre, sobre los cambios legislativos que afectan a los anuncios online y de sus responsabilidades como intermediarios entre arrendador y arrendatario. En esa epístola, Barragán advertía también de que el incumplimiento podría ser considerado “una práctica desleal por engañosa”.
Otra de las intervenciones que permite la ley en aquellas zonas declaradas como tensionadas es la de fijar un rango de precios a los que puede ponerse en alquiler una vivienda. Esta horquilla la ofrece el Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda (SERPAVI). A diferencia del anterior, no se trata de un único índice, sino de un sistema de cálculo estadístico que genera un rango de valores de alquiler para cada vivienda en función de múltiples variables.
La cartera de Bustinduy mantiene una monitorización activa del mercado de la vivienda, y no es la primera vez que sanciona a entidades del sector que vulneran la ley bajo su criterio. A esta última investigación centrada en las plataformas inmobiliarias se suman otras actuaciones recientes, como la multa de 64 millones de euros que le interpuso en diciembre del año pasado a la empresa Airbnb por anunciar pisos turísticos sin licencia, o la sanción de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro por vulnerar los derechos de los consumidores. En este caso, la compañía presentó y está pendiente de que se dé una resolución definitiva, previsiblemente a lo largo del primer trimestre de este año.
Por otro lado, Consumo y, muy especialmente, el ministro Bustinduy, han rechazado aireadamente y con rotundidad el anuncio por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de un real decreto que incluirá una bonificación de la totalidad del IRPF en las rentas obtenidas con sus alquileres de aquellos caseros que decidan no subir los precios. El ala Sumar del Ejecutivo ha mostrado reticencias públicas y aseguran que no lo convalidarán en la Cámara Baja.
