La violencia de género sigue patente en España. Los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) registran un aumento del 8% en 2022 con respecto al año anterior. Este porcentaje se traduce en 32.644 mujeres con alguna medida cautelar u orden de protección por los malos tratos por sus parejas o exparejas.
Los registros incluyen todos los actos de violencia física o psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad, que hayan sido infligidos contra una mujer por parte de un hombre que sea o haya sido su pareja.
En el caso de las menores, el año pasado también reconoce a 1.376 menores víctimas de violencia de género, según la Estadística de Violencia Doméstica y Violencia de Género que elabora el Instituto con datos del Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica y de Género del Ministerio de Justicia.
Las comunidades autónomas con mayor número de víctimas de género son Andalucía (7.417), la Comunidad Valenciana (5.007) y la Comunidad de Madrid (3.062).
También crecen las denuncias
También suben las medidas cautelares dictadas con respecto al año anterior. En 2022, se emitieron un total de 97.616 medidas cautelares con un 73% de ellas de carácter penal. Las medidas más frecuentes fueron la prohibición de aproximarse a determinadas personas (36,6%), la prohibición de comunicarse con determinadas personas (36,1%) y la libertad provisional (14,4%).
Un total de 33.209 hombres fueron denunciados el año pasado
El informe también apunta a un crecimiento en las denuncias por violencia de género con respecto a años anteriores. Un total de 33.209 hombres fueron denunciados el año pasado en las que se dictó una orden de protección o medidas cautelares. De casi dos de cada tres denunciantes, el 63% había nacido en España y la mitad de los denunciados (48,4%) se concentran en las edades de 30 a 44 años.
Aumentan las víctimas de violencia de género
A estos datos se suma el porcentaje de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas que habían interpuesto una denuncia previa. Las cifras también han ido aumentando estos últimos cuatro años. En 2020, 8 de las 50 víctimas mortales de violencia de género habían denunciado a su agresor. En 2021, la cifra se eleva hasta 10 mujeres que habían interpuesto esta denuncia de las 49 que fueron asesinadas.
El año pasado, el 40% de las víctimas mortales había denunciado previamente a su agresor. En lo que llevamos de 2023, 4 de las 20 asesinadas también habían emitido una denuncia. En los cuatro años de legislatura, las víctimas mortales de la violencia machista se han mantenido en las mismas cifras.
En lo que llevamos de 2023, 4 de las 20 asesinadas también habían emitido una denuncia
En aspectos de la violencia vicaria también aumenta las cifras de sus víctimas. En 2022, se registran tres menores víctimas mortales. La violencia vicaria se incorpora dentro de la violencia de género y se aplica como una forma de violencia por la que un progenitor ataca o asesina a un hijo con el objetivo de infligir dolor a la madre.
El Ministerio de Igualdad también ha comenzado a registrar los feminicidios en España. Los feminicidios atienden a aquellos asesinatos contra mujeres por causas machistas o misoginia. El año pasado, el Departamento de Irene Montero contabilizó 34 feminicidios, de ellos, un 61% fueron por parte de familiares, un 26,5% por conocidos y un 11,8% sexuales.
Naciones Unidas muestra su preocupación
El Comité de Naciones Unidas por los derechos de las mujeres ha mostrado su preocupación por la “prevalencia” en las tasas de asesinatos por violencia de género en España. También por la falta de atención en las últimas medidas legislativas contra la violencia digital.
Las nuevas leyes aprobadas no abordan “la situación de las mujeres romaníes, las mujeres refugiadas y migrantes y otras mujeres sujetas a formas interseccionales de discriminación”
La valoración del organismo destaca una buena acogida sobre “los numerosos esfuerzos legislativos realizados por España para construir una política para prevenir y abordar la violencia de género contra las mujeres”. Pero también indica una preocupación por la violencia contra la mujer que “prevalece con una alta tasa de feminicidio” considerando que las últimas normativas son “insuficientes para abordar algunas formas específicas de violencia de género como la violencia cibernética”.
Asimismo, los expertos consideran que las nuevas leyes aprobadas no abordan “la situación de las mujeres romaníes, las mujeres refugiadas y migrantes y otras mujeres sujetas a formas interseccionales de discriminación”. Por ello, aseguran que hay una “falta de un enfoque interseccional en la implementación” de los derechos reconocidos en las nuevas leyes aprobadas.
