La Conferencia Episcopal Española (CEE) encargó hace un año una auditoría privada sobre los casos de pederastia en su seno al despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo, que llegó en un momento de gran tensión después de varias informaciones al respecto y el comiezo de otra investigación por parte del Vaticano. Según el diario El País, los resultados de dicha auditoría desmentirán las cifras que la propia institución ha dado hasta ahora: “Serán varios miles de víctimas”, reveló Javier Cremades, presidente del bufete y del equipo de trabajo que prepara el informe, pospuesto hasta “septiembre u octubre”, que no quiere aún dar una cifra.
La Iglesia católica española, que siempre se ha mostrado reticente para desvelar lo que sabe acerca de los abusos, ocultó durante años el fenómeno y sostuvo que eran “muy pocos” casos. Fue en 2021 cuando, por la presión del escándalo, admitió 220, que subieron a 506 el año siguiente, una cifra que dista mucho de la realidad según las investigaciones. El País contabiliza, hasta ahora, 929 acusados y 1.770 víctimas en su base de datos.
La cifra de víctimas del análisis no vendrá de una investigación propia, como ha ocurrido en otros países, pues el correo electrónico que habilitó el despacho para que las víctimas contactasen no ha funcionado. Ha habido críticas de falta de neutralidad en el estudio ya que Javier Cremades pertenece al Opus Dei y solo se han reunido 150 testimonios. Muchas de las entrevistas no han sido presenciales, sino telefónicas.
El éxito de la auditoría depende de la Iglesia
Sin embargo, para estimar la cifra de casos lo que está haciendo la investigación es sumar las diferentes fuentes de información disponibles, fundamentalmente dos: la base de datos de El País, a la que dan credibilidad, y a los datos internos de la Iglesia española, que esperan que desvelen por primera vez. De ello dependerá el éxito o no de la comisión.
Hasta ahora la Iglesia nunca ha revelado los casos de pederastia que conoce, ni siquiera a la Fiscalía. Para esta auditoría también se han negado a abrir sus archivos, pero sería un paso relevante y decisivo al menos conocer estos datos, aunque deberían darle credibilidad a lo que le digan órdenes y diócesis. En otras investigaciones similares realizadas en otros países, como Portugal o Alemania, la institución sí cedió sus archivos y tardaron varios años en muchos casos, elaborando un análisis cuantitativo y cualitativo más preciso del problema.
Cremades, que confiaba en un principio que podría revisar los archivos, ha manifestado que en algunas ocasiones que han solicitado documentación y se la han dado. El equipo de trabajo se está reuniendo con responsables de las 70 diócesis y de cerca de 200 órdenes, de las 408 que existen en España, para recabar información. Esta situación supone que, de seguir en esta línea, hablarán con más obispos y superiores religiosos que con víctimas de casos de abuso.
“El 80% del tiempo lo hemos dedicado a escuchar víctimas, y nuestro trabajo ahora es ayudarles. No siento que sean testimonios insuficientes, nos han dado un mapa bastante preciso de lo ocurrido, en un puzle casi imposible de reconstruir. Lo importante ahora será la respuesta de la Iglesia a lo que nosotros les propongamos”, aseguró el presidente del despacho de abogados.
El equipo de la investigación
Son 31 miembros los que participan en la auditoría. De ellos, la mayoría (26 de los 31) son abogados o juristas, tanto del bufete Cremades & Calvo Sotelo como ajenos a él. El equipo de escucha a las víctimas está formado por cuatro participantes. El equipo de reparación y el del estudio de protocolos para que los abusos no vuelvan a repetirse componen el grueso del trabajo que desarrollan.
Durante la investigación se han divido en dos bandos con diferentes visiones, incluso algunos de los miembros llegan a hablar de “tensiones”. El grupo se ha fraccionado estos meses en dos bandos diferentes: uno crítico con la institución que busca un dictamen y medidas severas, y otro más conservador y cercano a la Iglesia. Esto se debe a que los integrantes pertenecen distintos ámbitos y con diferentes ideología, está, por ejemplo, el ex presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, pero también dos ex dirigentes de Podemos y la ex directora de Amnistía Internacional.
“Hay un consenso total en una idea: es mejor reparar por error a alguien que no sea víctima, que dejar a una sola víctima sin reparar. No se puede desconfiar de ningún testimonio, sino todo lo contrario”, explicó Jorge Cardona, uno de los que componen la comisión, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Valencia
El objetivo de la comisión no fue hacer un informe cuantitativo, pues necesitarían años, sino enfocarse en analizar de forma crítica lo ocurrido y proponer compensaciones y medidas para que no se vuelva a repetir. Por otro lado, también se pretende con la audiría desmontar la actitud dominante hasta ahora en la jerarquía eclesiástica, creyendo e indemnizando a los afectados
“Los obispos se van a encontrar con propuestas que les van a escocer, no les van a gustar, pero que yo creo que serán muy buenas para las víctimas y para la Iglesia. Sería precioso que hicieran una bolsa común, que vendieran algo, más como gesto simbólico”, adelantó Javier Cremades.
