La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela  archiva la querella interpuesta contra Florentino Pérez y los exministros Joan Clos, Miguel Sebastián, Magdalena Álvarez, Elena Espinosa y José Manuel Soria en relación con el proyecto Castor. La querella les acusaba de los delitos de prevaricación, fraude a la adminstración pública y malversación de caudales públicos, por la indemnización concedida a los gestores de la plataforma cuando se suspendieron sus operaciones. En el auto conocido hoy, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 adopta la versión de la Fiscalía, y desestima la querella en tanto que esta obra no responde a una idea "aislada ni peregrina", sino que se debió a una política previamente planeada desde 2002, antes incluso de que los querellados accedieran a sus cargos.

Asimismo, añade que "tampoco parece que la actuación estuviera guiada por un afán de perjudicar los intereses de la Administración, adoptando resoluciones injustas, arbitrarias o manifiestamente contrarias a la ley", sino que fue "razonada y documentada".

Gas y terremotos

En septiembre de 2013 el Gobierno del PP suspendió la actividad de inyección de gas en la plataforma de almacenamiento subterráneo Castor, situada frente a la costa de Vinaròs (Castellón) y Alcanar (Tarragona). Las actividades fueron suspendidas al comprobarse que el almacenamiento subterráneo de gas incrementaba la actividad sísmica de la zona, debido a negligencias de los operadores de la instalación.   

En octubre de 2014, el Gobierno anterior aceptó mediante un decreto ley la renuncia de Escal UGS -participada por la compañía ACS en un 66,67 %- a la concesión de la instalación. 

De esta manera, el Ejecutivo, mediante un real decreto-ley, estableció una indemnización de 1.350,7 millones para Escal UGS -promotora del proyecto-, que se cargaría en el recibo del gas durante 30 años, aunque el cierre se produjo por negligencia en las operaciones. Esa indemnización a través de los recibos del gas, que asciende a 2.419 millones con los intereses, fue declarada ilegal por el Tribunal Constitucional, por lo que aún se estudia la manera de abonarla.  

La querella había sido presentada por diferentes plataformas ciudadanas, entre ellas el Observatorio de la Deuda en la Globalización, Xnet y el Institut de Drets Humans