El sindicato ARP pedirá a la Dirección General de Policía que actúe y analice el caso de José María Benito Celador, un inspector que intervien de forma habitual en el programa de Ana Rosa Quintana para comentar temas de actualidad relacionados con las actividades propias de la Guardia Civil y la Policía Nacional.

La Agrupación Reformista de Policías considera que, aprovechando su condición de funcionario, Benito Celador ha desvelado métodos operativos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que sólo deben conocer el juez y los propios técnicos que se encargan de esas tareas.

Según ARP, este inspector de policía “ha dado todo tipo de detalles sobre cómo y dónde se baliza un vehículo” para su seguimiento, revelando, incluso, “en qué parte del coche se colocan los geolocalizadores”.

Se refieren en concreto a la información que el colaborador del programa matinal de Telecinco facilitó el pasado 26 de marzo sobre estos métodos tecnológicos.

ARP insiste en que “las balizas de localización son una herramienta propia de la actividad investigadora de la Policía Judicial y que, para evitar interferencias o descubrimientos, ni siquiera todos sus integrantes conocen cómo y dónde se instalan, sino solo el personal de sistemas técnicos”.

Desvelar de forma pública esta información, como hizo el inspector José María Benito Celador, quien utilizó, incluso, el nombre de “chicharras”, el que se usa en el argot policial, es “lo suficientemente grave como para pedir, por una lado, el cese inmediato de las actividades que realiza en los medios de comunicación, y, por otro, que sus superiores adopten las medidas oportunas”.

Estas revelaciones, aseguran a ELPLURAL.COM desde ARP “pueden poner en riesgo operaciones importantes de los grupos de investigación policial del país, en su lucha contra el crimen organizado”.

La Agrupación Reformista de Policías reivindica el secreto profesional, y recuerda que éste es “aquel que se conoce o al que se tiene acceso por razón de una relación profesional, en virtud del cual se tiene la obligación de mantener ocultos los datos y hechos confidenciales, que el profesional conoce y recibe en el ejercicio de su profesión”. Desde un punto de vista jurídico, por tanto, recalcan,“ es la obligación que tiene una persona de no divulgar las confidencias que recibe como consecuencia de su profesión y por los servicios prestados”.

Para este sindicato el contacto de la policía con los medios de comunicación forma parte de la “salud democrática”, y sirve “para denunciar abusos y defender derechos de este colectivo”. No obstatne, recalcan “no se debe amparar a sujetos que por alimentar el share televisivo y el morbo, aprovechando o no liberaciones sindicales, desconociendo que tipo de beneficio personal les empuja a ello, se dedican a ir por los platós televisivos desvelando operativa policial o atribuyéndose conocimientos especiales policiales fuera de sus competencias o experiencia personal”.