El Gobierno de coalición prepara la reforma de la polémica Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como Ley Mordaza, aprobada durante la etapa de Mariano Rajoy. Algunas de las modificaciones planteadas por el PSOE y Unidas Podemos afectan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que ya han expresado su oposición. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha agendado una ronda de reuniones con sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil (ya las ha mantenido con Jupol y el SUP), en las que ha trasmitido que "todavía se trata de un proyecto y que en consecuencia está abierto a introducir modificaciones valorando las propuestas", según ha explicado este último sindicato.

¿Cuáles son los puntos más sensibles de la reforma planeada por el Gobierno para policías y guardias civiles, según los argumentos de sindicatos y asociaciones representativas?

Grabación a policías

Es tal vez el tema que más rechazo provoca en las fuerzas del orden: dejaría de constituir una infracción la grabación de agentes en lugares de tránsito público y manifestaciones, así como la difusión de esas imágenes. Las organizaciones representativas consideran que se podría poner en peligro a los policías y guardias, así como a sus familias.

Identificación en comisaría

El proyecto del Gobierno plantea que una persona que se niegue a ser identificada sea retenida sólo durante dos horas con "causa excepcional debidamente alegada y verificable". La actual ley establece que ese tiempo podrá extenderse hasta las 6 horas.

Devolución de los identificados

El texto sobre el que trabaja el Gobierno señala que una vez que la persona ha sido identifada en la comisaría "tendrá derecho a que se le devuelva o facilite su retorno al mismo lugar donde no pudo realizarse la identificación por los agentes, cuando la dependencia policial a la que se ha trasladado se encuentre en localidad distinta a la del requerimiento de acompañamiento y siempre que el traslado no afecte gravemente al funcionamiento efectivo de los servicios". Actualmente esto no es así y el trabajo del agente termina tras la identificación.

Manifestaciones no autorizadas

Si la reforma de PSOE y Unidas Podemos sale adelante, las manifestaciones de carácter espontáneo que no sean comunicadas previamente, "aún pudiendo considerarse infracción leve", no tendrían que ser impedidas para garantizar la protección del derecho fundamental de reunión y manifestación, siempre que sea de manera pacífica. Sin embargo, se prevé que "en caso de que se produzca una alteración de la seguridad ciudadana con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o de cualquier otro modo peligroso, las Fuezas de Seguridad podrán disolver la reunión o manifestación sin necesidad de previo aviso". Las organizaciones representativas de policías y guardias alegan que de esa manera se pone en riesgo a los agentes y a los ciudadanos, ya que no se prepararía, como ocurre ahora, un dispositivo de las fuerzas del orden que garantiza la seguridad.

Sustancias estupefacientes

La tenencia de sustancias estupefacientes pasaría a ser una infracción leve, cuando actualmente se considera grave, con las consecuencias que ello acarrea. Sindicatos como el SUP creen que esto sería "un efecto de  llamada al consumo y al menudeo".

Material antidisturbios

El nuevo proyecto contempla el uso del medio menos lesivo evitando así causar lesiones irreparables, lo que limitaría el uso de herramientas como las pelotas de goma, consideradas un medio efectivo de disuación por muchos agentes en situaciones de desórdenes públicos. Los que se oponen recuerdan que el empleo de estos dispositivos ya "se hacen con un protocolo muy severo y recibiendo órdenes de las delegaciones del Gobierno".

Presunción de veracidad del atestado

El acta policial deberá "gozar de presunción de veracidad de los hechos en ellos consignados, siempre que resulte coherente, lógica y razonable, salvo prueba en contrario".  Esto, a juicio de las citadas organizaciones, pondría al mismo nivel la palabra de un agente con la de un presunto delincuente y perjudicaría el principio de autoridad.

Cacheos

La reforma obligaría a los agentes a realizar los registros corporales que se realicen fuera de las comisarías solo en "situción de urgencia por riesgo grave e inminente" y "con el máximo respeto a la identidad sexual, procurando hacerlo siempre en lugar reservado y fuera de la vista de terceros".