Este ex alcalde que murió, por tanto, hace tan sólo tres años -a los 82 de edad- y cuyo ataúd era envuelto por una bandera preconstitucional a pesar de haber transcurrido tres décadas desde la aprobación de la vigente Constitución, es el que ha sido homenajeado por la nueva alcaldesa popular de Elche. La recién estrenada Junta de Gobierno del Ayuntamiento ilicitano ha decidido dedicarle una avenida de la ciudad. Pero no ha sido ésta la única iniciativa de la Junta pues ha resuelto, asimismo, cambiar el nombre del jardín dedicado a Dolores Ibárruri, Pasionaria, sito en la avenida de la Libertad, para pasar a llamarle Jardín de la República Argentina. A esto es a lo que debe referirse el “centro-reformista” Partido Popular cuando manifiesta con machacona reiteración, desde que se presentó en el Congreso de los Diputados la Ley de Memoria Histórica, que no hay que remover el pasado; que no deben abrirse las heridas ya cicatrizadas. Habrá que interpretar que la única memoria histórica que debe ser respetada es la suya. La que viene recordándose, homenajeándose y reverenciándose desde que finalizó la guerra civil en 1939 hasta hoy.

Todo parece indicar que la derecha de este país sigue sumida en el revanchismo político. Después de setenta y dos años de su “Victoria”, los rescoldos del fascismo anidan todavía en su espíritu que es incapaz de convivir en democracia cuando el poder a cualesquiera de sus niveles -municipal, autonómico o nacional- se les resiste más de lo que ellos consideran razonable.

Son demasiados años de historia mandando en España para que la derecha pueda asimilar con sosiego y respeto que en un sistema democrático las urnas son las que deciden el tiempo de permanencia en el poder. Tienen interiorizado a golpe de genes que éste les pertenece y, además, la firme creencia de que la Divina Providencia les ha destinado para conducir el rumbo de este país. No es cuestión baladí que la Iglesia Católica, representante de aquella divinidad en la tierra, les confiriese su apoyo cuando decidieron retomar el poder mediante una sublevación militar.

¿Por qué no se sinceran sin tapujos -sin complejos como le gusta decir a su presidente de honor, Aznar López- y al jardín ilicitano, que le han arrebatado el nombre de la que fuera presidenta de la Unión de Mujeres Antifascistas durante la segunda República, no lo bautizan de nuevo con el título del “Generalísimo”?. Aprovechando tan digna ocasión podría ir Rouco Varela a oficiar la ceremonia y asistir a ella, para darle lustre, María Dolores de Cospedal tocada con la españolísima peineta negra.

Pero algo más en serio -si ello fuera posible- tras contemplar el bochornoso y esperpéntico espectáculo de darle el nombre de una avenida a un alcalde fascista que lo siguió siendo hasta su muerte en plena democracia ¿por qué no se aplica la Ley de Partidos a esta formación política que no condena el Franquismo -aquel tiempo de “extraordinaria placidez”-, homenajea a fascistas irredentos y humilla con ello a las víctimas de aquel régimen dictatorial? ¿por qué no se ilegaliza a un partido que hace apología del terrorismo franquista y ensalza a sus verdugos?

Si la Ley de Partidos solamente va a aplicarse al norte del Ebro ¿por qué no se elimina?. Cuando al juez Garzón empezaron a acosarlo judicialmente con querellas presentadas por testaferros de los populares -Manos Limpias y Falange Española- por haber osado investigar los crímenes del franquismo, la portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, manifestó que “nadie debe estar por encima de la ley”. Pero, entonces, ¿por qué ellos sí?

Gerardo Rivas Rico es licenciado en Ciencias Económicas