¡No quiero ni imaginarme de lo que serán capaces los dirigentes del Partido Popular cuando -porque así lo decidan los ciudadanos- se hagan con el poder de la Junta de Andalucía y del Gobierno de la nación! La reconversión de una plaza de minusválidos en una terraza de bar es un mero indicativo de futuras actuaciones de mucha mayor envergadura encaminadas al reequilibrio presupuestario y al apoyo público de las iniciativas de los emprendedores.
Hoy es una plaza para minusválidos en la vía pública, pero cuando tengan todo el poder que le otorgarán los ciudadanos -porque la política “neoliberal” de los socialistas ha sido insufrible y merecedora de un castigo ejemplar en las urnas- se tratará de hospitales, de colegios, de residencias de ancianos o de todo aquello que pueda ser objeto de negocio privado. La clase empresarial de este país se merecerá toda la confianza de los próximos dirigentes políticos -si el electorado no lo remedia- para gestionar los servicios públicos y responsabilizarse del funcionamiento del Estado de bienestar.
Cuando estoy escribiendo estas líneas me llega el eco de las noticias de los informativos televisivos y escucho que el actual patrón de los empresarios -el que sustituyó a Gerardo Díaz Ferrán, el que fuera emprendedor ejemplar del PP y, especialmente, de su rendida admiradora: Esperanza Aguirre- está proponiendo el despido prácticamente libre de los trabajadores y que los hijos del empresario Ruiz-Mateos están declarando en la Audiencia Nacional que el entramado de empresas de Nueva Rumasa estaba radicado en paraísos fiscales.
Pero no es necesario salirse del marco gaditano. Según una reciente resolución del Tribunal de Cuentas, los delegados especiales del PP en la Zona Franca de Cádiz durante el periodo 2000 a 2004 -Consorcio de la que es presidenta la alcaldesa de marras, Teófila Martínez,- ocasionaron un perjuicio económico de 4,3 millones de euros, cantidad a la que se les ha condenado a devolver. Pues bien, la alcaldesa debe estar esperando al advenimiento de los suyos para pronunciarse sobre el caso -¡es un decir!- porque hasta el momento no ha asumido ninguna responsabilidad sobre el asunto y no será porque ella no se las exige a los demás. De todas las penalidades que puedan acontecer en la bella ciudad gaditana la culpa es del resto de las Administraciones gobernadas por los socialistas, sea la Junta de Andalucía o la Administración central; ella siempre queda al margen.
¿Qué táctica estará pergeñando la alcaldesa gaditana cuando todas las Administraciones tengan el mismo color político? Pues ya se le ocurrirá algo, porque habilidad tiene un rato. De momento y para ir tirando, la pésima herencia recibida de la Junta y del Gobierno de la nación le dará un tiempo para diseñar nuevas estrategias.
Gerardo Rivas Rico es licenciado en Ciencias Económicas
