Seguimos apoyando al juez que intentó amparar el derecho de las víctimas vivas y de las asesinadas a recuperar su memoria y cerrar las antiguas heridas en muchos casos provocadas por agentes uniformados de ese mismo Estado. Desmentimos que Baltasar Garzón haya buscado esta causa; la iniciativa fue de esos familiares y él se limitó a recibir lo que en reparto normal le correspondió, intentando aplicar la jurisprudencia que como juez estimó más conveniente, lo que creemos es su derecho y el nuestro, y que este juicio puede comprometer en lo sucesivo por el serio aviso para otros jueces que en el futuro quisieran continuar por ese camino.

Nos causa alarma comprobar cómo la Justicia española, con este juicio, se muestra como un reducto donde la legislación internacional en materia de delitos contra la Humanidad, desapariciones forzadas, etc, no puede aplicarse a multitud de crímenes cometidos no ya en la guerra, sino en la llamada “Paz de Franco”, cuando nadie podía alzar un fusil y la única guerra que había era la de los vencedores para exterminar a quienes profesaban valores que hoy, paradójicamente, juran o prometen quienes están procediendo contra el juez Garzón y contra la Memoria Democrática en general.

Nos inquieta sobre todo la alta receptividad demostrada a las acciones y planteamientos de la ultraderecha española en contraste con el entorpecimiento de la línea de defensa propuesta por Baltasar Garzón, llegando al extremo de negar testimonios de juristas de reconocido prestigio internacional en el campo de los Derechos Humanos, hasta el punto de continuar con un juicio que va a resultar un enorme desprestigio para España como país en la esfera internacional.

Son demasiados síntomas que nos inquietan. Llamamos a los jueces del Tribunal Supremo a tener sensibilidad social; no pueden aislarse de la Sociedad actual, ni española ni internacional, dando la imagen de aislamiento intemporal y de poca receptividad a los fundamentos democráticos y valores en los que hoy se basa la convivencia internacional donde no encaja una eventual condena al Juez Garzón.

Nadie ha cometido ningún delito contra nadie en particular; nos hallamos ante un juicio con raíces políticas planteado por organizaciones políticas de ultraderecha para evitar la aplicación generalizada en España de la legislación internacional sobre Derechos Humanos a miles de casos que constituyen desapariciones forzadas que no prescriben hasta que aparece la víctima, viva o muerta. De la llamada “iniciativa Garzón” no podía desprenderse mas que un bien para miles de ancianos que consumieron su vida esperando una ayuda que ni el Estado ni la Justicia española se dignó nunca prestarles; por tanto, ni podemos asumir este extraño juicio ni aceptaremos una condena al único juez que pudo dignificar a ambos estamentos, en la seguridad que en esta misma posición están hoy la inmensa mayoría de demócratas en todo el mundo.

Con este juicio aumenta nuestra vergüenza por la posibilidad, creemos que la única esperanza hoy en día, de que sean instancias jurídicas internacionales las que tomen una decisión al respecto, que por una parte solucione lo que la Justicia y el Estado español no son capaces de solucionar, y por otra aseguren el imperio de la legalidad internacional por encima de visiones basadas en prejuicios políticos e intereses que hoy en día podrían beneficiar a los verdugos de aquellas víctimas.

Matías Alonso Blasco es miembro del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica (Fundació Societat i Progrés) y coordinador de la Plataforma Cívica Valenciana de Apoyo al Juez Garzón