La que fuera jefa del Servicio Jurídico de la Asamblea de Madrid, Tatiana-Sonsoles Recoder, ha enviado al juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que investiga el caso Púnica, que sobresea el procedimiento sobre ella en relación con la adjudicación de la cafetería de la Cámara al empresario Arturo Fernández, que la Guardia Civil considera ilegal y un pago por sus donaciones al Partido Popular. De no hacerlo, solicita al juez Manuel García Castellón que llame como imputada a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes y a la jefa del Servicio de Relaciones Externas y Protocolo de la Asamblea, María Virtudes Merino [exmujer de José Luis Ayllón, nuevo jefe de Gabinete de Mariano Rajoy], dado que junto a ella formaron el Comité de Expertos que valoró positivamente la oferta de Fernández y su empresa, el Grupo Cantoblanco. 

La estrategia de Recoder pasa por presentarse como una cumplidora de órdenes de sus superiores y, de hecho, en su escrito de defensa, al que ha tenido acceso El Plural, su abogado se pregunta –“¿por qué?”- se le achaca a ella la responsabilidad por la “pretendida incompatibilidad de la señora Cifuentes”, dado que estaba al mismo tiempo en el Comité de Expertos que valoró la oferta de la cafetería y en la Mesa de Contratación que acabó adjudicando el servicio de hostelería.

Una serie de coincidencias que, según la Guardia Civil, supondrían que Cifuentes habría incurrido en los presuntos delitos de “prevaricación continuada y cohecho”.

En su escrito, el abogado de la exjefa de Servicios Jurídicos dice que no se “alcanza a comprender” por qué la Guardia Civil, la Fiscalía y el Juzgado pregunta a su defendida por la incompatibilidad de Cifuentes y no han “considerado oportuno citar a la interesada para recibirle declaración y pedirle las pertinentes explicaciones”.

Sobre si Cifuentes tenía que haberse abstenido de entrar en el Comité de Expertos, el escrito señala que “si se entiende que respecto de tal designación cabía hacer algún reproche debería efectuárseles a ellos[a la Mesa de la Asamblea, en la que también estaba Cifuentes], no a mi defendida]”. Y remacha: “Pero en todo caso es evidente que de haber tenido que abstenerse, quien debería haberlo considerado y hecho sería la propia interesada, la Ilma. Sra. Doña Cristina Cifuentes Cuencas”.

Con estos argumentos, la defensa pide que se dicte “auto de sobreseimiento libre y parcial” sobre la causa contra Tatiana-Sonsoles Recoder. Y, en caso de no acceder, pide como prueba que se interrogue a Cristina Cifuentes y a Merino como miembros del Comité de Expertos. Acto seguido, el abogado se cura en salud y señala que dicho testimonio tiene que ser “en calidad de investigadas”, -antes imputadas- “para salvaguardar sus derechos fundamentales” y que dicha petición no se hace “porque se las considere como posibles responsables de cualquier actuación delictiva”.

Además, otra de las pruebas que pide el escrito es que el juzgado se dirija al Congreso de los Diputados, a la Presidencia del Gobierno, al Ministerio de Economía y Hacienda y al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para que remitan “todos los expedientes” con los que adjudicaron servicios de hostelería a Arturo Fernández ente los años “2005 y 2009”.

Recoder vivió en noviembre un duro interrogatorio, antes del que se llegó a especular que pudiera implicar a Cifuentes, aunque en esa ocasión acabó exculpándola. Aunque sí que reconoció que ni la ahora presidenta, ni ella ni Merino tenían experiencia “pura y dura” en hostelería y que su propio bagaje era “como ama de casa”. Lo que provocó el enfado de la fiscal del caso, como se puede escuchar en los audios que hoy revela El Español: "¿Y no podían encontrar a nadie? Un comité de expertos tiene la finalidad que tiene...".