El juez Juan Carlos Peinado puso este lunes el broche de oro a casi dos años de una muy criticada instrucción contra Begoña Gómez. Y lo hizo como sólo él podía hacerlo, con un escrito que se ha ganado rápidamente las críticas de la judicatura. Más allá del estilo literario y las pretensiones del magistrado -que han quedado claras a lo largo de toda la instrucción y se han confirmado en este auto-, el proceso desde abril de 2024 hasta el lunes ha estado supervisado por la sección 23 penal de la Audiencia Provincial de Madrid, que ha podido evitar la salida de Peinado del carril de lo que debería ser una instrucción.
A esta sección le ha correspondido, por reparto, examinar los recursos de apelación y queja sobre la instrucción, que no han sido pocos. La Audiencia ha tenido que corregir a Peinado hasta en 18 ocasiones, y aún quedan pendientes, al menos, otros cinco recursos, según fuentes cercanas a la instrucción, que no esconden su malestar por la deriva del juicio. Más allá de advertir al magistrado sobre la inconveniencia de aplicar la ley del jurado, o de frenarle en su intento de imputar al ministro Félix Bolaños, esta sección no ha impedido que la desbocada cruzada del juez contra la mujer de Pedro Sánchez haya prosperado.
Peinado, finalmente, procesa a la mujer del presidente del Gobierno por los delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca. Deja fuera la acusación de intrusismo que quería introducir en el procedimiento, por el que imputa también a la exasesora de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, y al empresario Juan Carlos Barrabés, pero sí que eleva la causa por el procedimiento del jurado popular.
Y además de conseguir haber llegado al final que esperaba para la instrucción, que seguro celebrará tras su jubilación este año, el auto de Peinado habla de "esposa de" para acusar a Pedro Sánchez de haber hecho despegar la "actividad privada" de su mujer tras llegar a la Moncloa. Menciona "presión moral" para castigar la supuesta influencia de Cristina Álvarez. Y, para justificar la falta de jurisprudencia que avale el delito de tráfico de influencias, el juez señala que "hubiera que remontarse al reinado de Fernando VII" para encontrar "conductas que provienen de palacios presenciales, como este supuesto", que asegura que "parecen más propias de regímenes absolutistas".
La Audiencia que ha supervisado a Peinado
Un estilo de judicatura que solo emplearía aquel que se siente impune para hacerlo. Porque no es, ni mucho menos, la primera vez que aparecen líneas como estas en los documentos de Peinado. Esto ha sido una constante durante toda la instrucción, en la que la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid, a pesar de corregirle en numerosas ocasiones, no ha conseguido evitar que el procesamiento de Gómez haya hecho temblar los cimientos de la magistratura española.
Y esto es debido a que, en la mayoría de ocasiones en las que han abordado las vicisitudes de la instrucción, le han dado la razón a Peinado, según apuntan fuentes conocedoras. Fue la Audiencia la que permitió admitir como investigados a Begoña Gómez, Cristina Álvarez y Juan Carlos Barrabés. Y fue también la Audiencia la que ha "guiado" al juez en otras decisiones, como imputar el delito de malversación porque, supuestamente, la asesora de Gómez en Moncloa -pagada con dinero público- la ayudaba con cuestiones de su actividad privada. En concreto, lo único que se ha podido acreditar son cuatro horas al año, según los cálculos de las defensas, que corresponden a 21 correos en tres años, diez actos en ocho años y una reunión de una hora.
Todo esto lo ha permitido la Audiencia Provincial de Madrid, que preside Juan Pablo González Herrero González. Tras salir de la Audiencia Nacional en 2019, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le nombró sin unanimidad como presidente del tribunal madrileño, puesto para el que fue reelegido en 2025. González está recusado en varias piezas separadas del caso Gürtel por sus vinculaciones con el Partido Popular, recusaciones avaladas por el Pleno de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional.
Pero más en concreto sobre la sección 23 penal, que es la que se ha encargado de supervisar la instrucción de Peinado, en estos dos años los cinco jueces que la componen han resuelto 18 recursos de apelación y queja. Entre otras, le han dado la razón al desestimar los recursos en contra de que se entregara el registro de siete años de llamadas de Cristina Álvarez, sus correos con el vicerrector de la Complutense, o al mantener a Gómez y a su exasesora como investigadas.
Unas decisiones que se entienden cuando se examina el historial de estos cinco jueces. Una de ellas, María Pilar Llop, comunicó en 2024 que se inhibía de la causa, al haber sido ministra de Justicia con Pedro Sánchez entre 2021 y 2023. Los otros cuatro son conservadores, presididos por María del Rosario Esteban, la más veterana en la Audiencia Provincial de Madrid, de la que forma parte desde 2009. El resto, tiene un curioso historial.
Jesús Gómez-Angulo, hermano de amigo de Aznar y tío de concejala del PP
Uno de ellos es Jesús Gómez-Angulo, magistrado en la Audiencia Provincial de Madrid desde 2019. Entre sus actividades que le acreditan como juez conservador está su participación en una cuestión de inconstitucionalidad sobre la Ley de Amnistía, en la que están también otros dos miembros de la sección.
Pero lo más interesante, en el caso de este juez, es su vinculación familiar con el Partido Popular. Su hermano, Juan Antonio, fue diputado popular en la Asamblea de Madrid, teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Madrid -con José María Álvarez del Manzano de alcalde- y fue nombrado secretario de Estado de Deportes en el primer Gobierno de José María Aznar, con quien tiene una estrecha relación. Su mujer también estaba dentro de ese Ejecutivo, como jefa de gabinete de la ministra de Justicia, Margarita Mariscal.
No se queda ahí, pues la sobrina de Gómez-Angulo, Paula -hija del anterior-, también está dentro del PP en la actualidad. Se trata de la concejala presidenta del madrileño distrito de Tetuán, y forma parte del Grupo Municipal que preside el alcalde José Luis Martínez-Almeida. Antes, ha pasado por varios cargos en el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, también del PP en la Comunidad de Madrid, y fue diputada en la Asamblea regional en la VII Legislatura. Para el próximo Congreso Nacional Extraordinario del PP ha sido designada por Alberto Núñez Feijóo como coordinadora de Enmiendas.
José Sierra Fernández, ponente en contra de la Amnistía
Otro de los miembros de la sección es José Sierra Fernández, que la integra desde 2020. Se trata del ponente de la cuestión de inconstitucionalidad sobre la Ley de Amnistía, en la que participan también Gómez-Angulo y otro de los magistrados. Alegan que el perdón a los delitos del procés "vulnera el derecho constitucional a la igualdad ante la ley (artículo 14 CE), así como los principios de seguridad jurídica y proscripción de la arbitrariedad que la Constitución Española proclama (artículo 9 CE ); y, subsidiariamente, pudiera vulnerar el principio de exclusividad jurisdiccional (artículo 117 CE)".
En 2007, Sierra Fernández, al frente del Juzgado de Instrucción nº 47 de Madrid, abrió diligencias sobre el llamado 'Caso Isadora' tras una actuación del SEPRONA de la Guardia Civil, en la que se acusaba a una clínica de supuestos abortos ilegales. El juzgado de guardia había rechazado inicialmente abrir los bidones con restos fetales por falta de indicios, pero los agentes siguieron adelante y buscaron otro juzgado. Sierra ordenó identificar a pacientes y empleados, y en 2008 imputó a tres médicos. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid concluyó en julio de 2009 que Sierra no era competente, y reprochó al SEPRONA haber desobedecido una resolución judicial y haber buscado un juez favorable. El 15 de octubre de 2009, el juzgado nº 6 archivó definitivamente la causa por falta de indicios de delito.
Enrique Jesús Berges, protector de la hija de Rato
El tercero de los participantes en la cuestión contra la Amnistía es Enrique Jesús Berges, que trabaja en la Audiencia Provincial de Madrid desde 2018. Él ya estaba en esta sección cuando, ese año, estimó un recurso de Rodrigo Rato para evitar la investigación sobre los fondos de su hija, Ana de Rato, en el marco de la pieza separada por los delitos del que fuera ministro de Aznar sobre su patrimonio. La Audiencia consideró que esas diligencias no eran objeto del procedimiento ni de la pieza separada de responsabilidad civil. Meses después, en otra resolución, la Audiencia ordenó retirar de la causa el informe de la UCO que recogía esos vínculos familiares, aunque rechazó su destrucción material y dispuso su devolución al órgano de procedencia.
Otro de los episodios de Berges lleva a 2010, cuando al frente del Juzgado de Instrucción nº 27 de Madrid, impuso una fianza de más de un millón de euros 1.039.950 euros a dos periodistas por una demanda de Jaime de Marichalar, yerno del rey Juan Carlos I, por injurias a raíz de una portada de Época, aunque en 2012 la Justicia acabó dando la razón a la revista. Y en 2020, ya como presidente de un Tribunal del Jurado en la Audiencia Provincial de Madrid, recibió críticas por retrasarse en la entrega del objeto del veredicto a los jurados, hasta el punto de que las partes llegaron a advertir del riesgo de nulidad.
