Save The Children considera que la ley de vivienda “se queda corta” en la protección de la infancia frente a los desahucios. La organización celebra este paso positivo que da el Parlamento al incorporar a los menores como colectivo prioritario, pero también deja fuera medidas clave para situaciones extremas, como los desahucios que afectan a los menores. “Hay una cuestión que ha quedado fuera, que es la especial protección a los niños y niñas en los procesos de desahucio”, destaca la responsable de políticas de infancia de Save The Children, Carmela del Moral.

Desahucios, la forma más extrema de exclusión

Desde la organización aclaran que la nueva ley de vivienda aprobada por el Senado hace menos de una semana “supone un punto de partida para que comunidades autónomas y municipios tomen medidas que protejan especialmente a niños, niñas y adolescentes”. Sin embargo, también lamenta que “no protegen lo suficiente frente a los desahucios”, pues la norma contempla que el informe de vulnerabilidad que emiten los servicios sociales antes de un desahucio sea opcional, en lugar de obligatorio.

Según Save The Children, esta valoración de la vulnerabilidad de los hogares es acorde con “la jurisprudencia de los tribunales y está alineada con algunas leyes autonómicas pioneras en la protección de la infancia en estos casos”. “La fase decisiva en la que se adentra la tramitación parlamentaria de la ley supone una oportunidad única para incorporar esta cuestión clave”, señalan desde la organización.

Esta ley supone un punto de partida para que comunidades autónomas y municipios tomen medidas que protejan especialmente a niños, niñas y adolescentes

Naciones Unidas estima que en España se producen al menos 8 desahucios de 10 que afectan a familias con niños y adolescentes a su cargo. Una situación que necesita de medidas urgentes en el panorama político y que por ello destaca la responsable de políticas de infancia de la entidad que “en estos días previos a las elecciones del 28 de mayo, es el momento perfecto para que los partidos políticos expongan sus compromisos para desarrollar esta ley en cada territorio”.

España en el podio europeo por temas de pobreza

En su informe Aquí no hay quien viva, la entidad analiza las dificultades de las familias para pagar la vivienda. Se trata de una sobrecarga que afecta a 4 de cada 10 hogares con hijos o hijas a cargo que viven de alquiler. Los datos se recrudecen en España, país que se encuentra en las posiciones más altas por el riesgo de pobreza infantil. De hecho, este documento revela que el 8,4% de las familias con niños pequeños no pueden pagar a tiempo su hipoteca o alquiler y que el 80% de las familias que sufren un desahucio tiene hijos a su cargo. Son cifras que doblan la media europea.

Seguimos en el podio europeo en temas relacionados con la pobreza infantil y vivienda. España es el tercer país de la Unión Europea con mayor porcentaje de hogares que han experimentado retrasos en el pago del alquiler o la hipoteca con un 6,5%. Por debajo nos siguen Grecia e Irlanda.

El 8,4% de las familias con niños pequeños no pueden pagar a tiempo su hipoteca o alquiler y que el 80% de las familias que sufren un desahucio tiene hijos a su cargo

En temas de insalubridad, el 21,4% de los menores de edad siguen viviendo en casas con “goteras en el techo, humedades o podredumbre en los marcos de la ventana o el suelo”. Esto significa que, en total, el 7,2% de los hogares en España no reúne las condiciones mínimas para garantizar la salubridad, condiciones higiénicas-sanitarias adecuadas, que dispara sus cifras en Canarias (15,6%), Castilla-La Mancha (10,6%) y Asturias (10,5%).

La pobreza energética también afecta a los hogares españoles con unos 6,7 millones de personas, entre ellos, el 13,1% con menores, que no cuentan en sus domicilios con una temperatura adecuada. Chipre, Bulgaria, Lituania y Grecia nos superan en estos porcentajes.

Propuestas para paliar la pobreza infantil

La organización propone una serie de medidas para paliar los efectos que tiene el pago de la vivienda en las economías familiares como aumentar los presupuestos anuales para incrementar la financiación de políticas de vivienda que protejan el acceso a familias con hijos e hijas en situación de vulnerabilidad.

También automatizar el acceso a ayudas directas a vivienda, apostar por la compra o rehabilitación de unidades existentes para ampliar la oferta pública de vivienda social, garantizar la calificación indefinida de las viviendas públicas o promover alianzas entre el sector privado y público para beneficiar a las familias con menores ingresos, así como la concesión de bonificaciones sociales para la mejora de la calificación energética de los edificios, entre otras.