No hay duda de que estamos ante años muy complicados, a nivel internacional y doméstico, debido a causas tan inesperadas como determinantes a la hora de hablar de economía. Una pandemia, un volcán y una guerra, que aún hoy se prolonga, la han afectado de forma muy negativa. En ese contexto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, clausuró el acto de presentación del estudio El coste de la pobreza infantil en España, celebrado en CaixaForum Madrid. El presidente estuvo acompañado por la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, y el ministro de Consumo, Alberto Garzón. El acto fue coordinado por el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, con la colaboración de la Fundación “la Caixa”.
El estudio analiza el impacto social y económico de la pobreza infantil en España y cuantifica los costes que esta supone para el país. Estamos hablando de cifras realmente escalofriantes ya que ese coste se eleva a más de 60.000 millones de euros al año. Dicho de otra manera, más del 5% del PIB nacional.
Un círculo de pobreza que amplía la desigualdad
Más allá de los fríos números, la pobreza en la infancia limita las perspectivas educativas y laborales, a la vez que restringe las oportunidades y amplía las desigualdades sociales. Los niños y las niñas que han vivido situaciones de pobreza en edades tempranas tienen una mayor dificultad en la adquisición de habilidades básicas, un menor nivel de estudios, menos posibilidades de acceder a empleos cualificados, salarios más bajos, peor estado de salud, menor nivel de bienestar y un tejido más frágil de relaciones familiares y sociales. Crecer en un hogar en situación de pobreza o exclusión tiene efectos duraderos que afectarán también a la vida adulta de los que la sufren.
Esto es fácilmente constatable cuando se pone el foco en personas adultas que vivieron una situación de pobreza en la infancia, y se puede cuantificar. De media, estas últimas ganan unos 5.000 euros menos al año que las que no han sufrido dicha situación, diferencia que se acentúa si hablamos solo de mujeres.
La precariedad laboral de estas personas afecta también al tipo de contrato: aquellos que vivieron situación de pobreza cuando eran menores tienen un 12% menos de probabilidades de tener contratos indefinidos y un 14% más de tener contratos temporales. Esta situación afecta a toda la sociedad ya que baja la recaudación impositiva. En román paladino, el país recauda unos 3.000 euros menos por persona en impuestos a causa de la pobreza infantil. La cadena continúa en el campo sanitario, que genera más costes directos por mala salud (visitas al médico) e indirectos (incapacidad temporal, pérdida de productividad o hasta muerte prematura). Mala salud en general, sobrepeso o depresión son las consecuencias más comunes. El coste sanitario supone para las arcas del Estado más de 6.000 euros anuales.
Si nos centramos entre los países de nuestro entorno, España ocupa una de las primeras posiciones del ranking de pobreza infantil, con el dato añadido que no se corresponde con el nivel de riqueza del país, ya que deberían ser menores. No es difícil deducir de esto que las desigualdades son aún más marcadas de las que pueden indicar los números en una primera lectura.
¿Qué se hace para remediar, al menos para mejorar, esta situación?: “Hemos frenado el incremento de la pobreza infantil en 11 puntos y hemos evitado que casi un millón de niños, niñas y adolescentes hayan caído en la pobreza”, aseguró el presidente Sánchez, para añadir que no sólo “no nos resignamos, sino que combatimos contra la desigualdad y la pobreza infantil como uno de los motores más potentes que mueven y que explican la acción del Gobierno de coalición progresista”. “No sólo por justicia social sino también por interés del país”, concluyó. En la semana de la mujer, el presidente no podía dejar de detenerse en las niñas de este colectivo, como víctimas de doble discriminación, “por ser mujeres y por una infancia marcada por la pobreza”. Para finalizar, el presidente explicó las grandes líneas de actuación del Gobierno para combatir la pobreza infantil, dignificar salarios para combatir la pobreza laboral y atajar la brecha salarial.
Estas medidas están enmarcadas en el Plan de Acción para implementar la Garantía Infantil Europa, dotado más de 1.500 millones de euros, algo que de por sí es significativo, pero que lo es aún más si tenemos en cuenta que es un 66% más de lo previsto y que dobla el mínimo exigido por la Comisión Europea. Sánchez también mencionó la inversión en el ámbito educativo, con una dotación histórica en política de becas de más de 2.500 millones de euros.