Más de 137.000 familias madrileñas necesitaron en 2022 recibir el bono social térmico para poder pagar los gastos de calefacción y agua caliente de sus hogares. El grupo parlamentario de Más Madrid propuso hace unos meses, cuando comenzaba el invierno, que el Gobierno regional presidido por Isabel Díaz Ayuso aprobase un complemento autonómico de 150 euros que se sumara a este bono (es una ayuda estatal) para incrementar el dinero que reciben estos beneficiarios considerados vulnerables, pero PP y Vox votaron en contra.

Los últimos datos del INE revelan que en la comunidad de Madrid hay 2,6 millones de hogares, por lo que de momento esta ayuda solo está llegando al 5%, cuando varios informes sitúan el porcentaje de familias madrileñas en riesgo de pobreza energética por encima del 10% del total. Héctor Tejero, diputado de Más Madrid, explica que aplicar “este complemento autonómico al bono en un contexto de altos precios de la energía es una política de sentido común. De tal sentido común que otros Ejecutivos regionales del PP, como el de Galicia, ya lo hace desde el año pasado”.

El bono social térmico es una ayuda aprobada por el Gobierno central en octubre de 2018 para que los consumidores más vulnerables pudieran hacer frente a sus gastos de calefacción y agua caliente, independientemente de cuál sea la fuente de energía utilizada. Se trata de un complemento para los consumidores que ya son beneficiarios del otro bono social, el eléctrico. La cuantía de esta ayuda varía en función de la vulnerabilidad (hay tres categorías según los ingresos de la familia) y de la zona climática en la que esté la vivienda. En Madrid oscila entre los 133 y 406 euros.

Mientras que el bono social eléctrico se concreta como un descuento en la factura y es competencia nacional, el bono social térmico, debido a la diversidad de sistemas de calefacción de nuestro país, se creó como una ayuda directa a consumidores que gestionan directamente las Comunidades autónomas con fondos estatales. Pero, aunque el dinero procede del Estado, cada Comunidad puede decidir si lo incrementa.

Madrid no lo ha hecho, a pesar de la proposición no de ley presentada por Más Madrid. Este bono se empezó a aplicar en el año 2020. Ese ejercicio hubo 139.500 beneficiarios. La cifra bajó a 125.700 en 2021 y volvió a subir a 137.300 en 2022, según datos oficiales de la Comunidad de Madrid. “Pero no llega a todas las personas que realmente lo necesitan”, recalca el diputado Tejero.

Es difícil calcular el número de familias que realmente viven bajo el riesgo de pobreza energética. La Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia de Comillas define como “pobre energético” a aquellos hogares que tras restar sus ingresos mínimos estándar (que incluye todos los gastos no energéticos para proveerse de sus necesidades básicas) de sus ingresos reales, “no disponen de suficientes recursos para cubrir su factura energética”. Sus últimos datos de 2021, presentados en 2022, señalan que en España hay 2,7 millones de hogares en esta situación. En toda la comunidad de Madrid el porcentaje de familias que viven bajo pobreza energética estaría cerca del 11%, es decir, 293.000 familias.

Otro de los estudios más actualizados, presentado en enero de 2021, fue realizado por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), aunque solo analizó la ciudad de Madrid. El estudió identificó al 6% de la población de la capital, en torno a 215.000 personas, en una situación “crítica” de pobreza energética. Es decir, se trata de hogares con rentas tan bajas que para reducir sus gastos, a los que no pueden hacer frente, “deben privarse de sus necesidades energéticas básicas”.

El problema de esta ayuda es que solo la reciben quienes se hayan apuntado antes como beneficiarios del bono social eléctrico, y no todos los hogares que viven en riesgo de pobreza energética conocen que cumplen los requisitos para obtener este descuento en su factura. El sistema no es sencillo. El consumidor debe solicitar a su comercializadora ser beneficiario del bono eléctrico. Y luego la comercializadora debe comunicar al Gobierno que ese consumidor recibe el bono eléctrico para que pueda recibir el bono térmico. Una vez que el Gobierno le tiene contabilizado, debe transferir su ayuda a la Comunidad autonónoma correspondiente para que esta le pague la ayuda. Es decir, si no se aplica el bono eléctrico, no se puede ser beneficiario del térmico.

El PSOE apoyó la propuesta de Más Madrid en la Asamblea regional porque era factible presupuestariamente. Otras Comunidades Autónomas, como Asturias, complementan con un 50% más las cuantías que perciben los beneficiarios del bono social térmico. Galicia lo aprobó en 2020, con una ayuda inicial de 100 euros que ha subido a 150 euros para 2023.

El PP, que sustenta el Gobierno de Díaz Ayuso, defendió la negativa a este complemento porque este se asigna en función del grado de vulnerabilidad y de la zona climática, es decir, no es igual para todos los hogares en riesgo de exclusión social que lo reciben. Por eso, “pretender establecer una cantidad fija e igualitaria de 150 euros para complementar a estos beneficiarios no resultaría justa ni congruente con el propio espíritu de la ayuda”, señalaron los populares.

Un argumento, según el diputado Tejero, “que no se sostiene. La Comunidad ya aplica ayudas igualitarias como el abono transporte de transportes gratuitos para mayores de 65 años, independiente a la renta del beneficiario. Es cuestión de voluntad política y de ayudar a las familias más vulnerables que peor lo están pasando”. Más Madrid cuantificó en 20 millones de euros este complemento autonómico.

No hay que olvidar que el precio de la luz se subió un 88% de media en España durante 2022 en comparación con 2021, fijando en 209,69 euros de media el megavatio hora frente a los 111,93 euros del año anterior, según los datos oficiales del Operador de Mercado Eléctrico Designado (OMIE).