Se escurre también sobre el copago
“Es una empresa cotizada y tiene sus propios procedimientos”, ha contestado la número dos del Gobierno para evitar valorar el nombramiento de López del Hierro. Ha hecho lo mismo con otro de los temas espinosos en este momento, el del copago sanitario, tras la decisión de la Generalitat catalana, con el apoyo del Grupo Popular en el Parlamento regional, de establecer el cobro de un euro por receta, y después de que ayer el presidente gallego, del PP, Alberto Núñez Feijóo reconociera que “el Ministerio de Sanidad está trabajando con las comunidades autónomas para establecer un sistema de copago farmacéutico".
Invadir a las autonomías
La vicepresidenta ha dicho que esos temas corresponden al Consejo Interterritorial de Salud, que son las comunidades autónomas las que toman este tipo de decisiones. “Cada uno que asuma su responsabilidad y su propia política de explicarlo a los ciudadanos. Otra cosa sería invadir a las autonomías, que por ley tienen reconocida esa facultad”.
El Gobierno "verá lo que propone"
Preguntada sobre cuál es la posición del Gobierno sobre el copago, Sáenz de Santamaría se negó a concretar una posición al contestar que “el Gobierno, que es una parte más en el Consejo Interterritorial de Salud, verá lo que propone”.
Medicamentos más caros en función de la renta
Sí adelantó que el Ejecutivo estudiará las propuestas sobre medicamentos más caros en función de la renta, si las comunidades autónomas lo proponen el próximo consejo territorial de Salud y que la adopción de un copago farmacéutico “no se aplicará a enfermos crónicos y a aquellos que tengan menores rentas".
Reestructuración del entramado empresarial público
La número dos del Gobierno ha anunciado la aprobación de un plan de reestructuración de las empresas públicas público que incluye la supresión de 24 sociedades, entre ellas la Sociedad Pública de Alquiler.
Según ha afirmado Soraya Sáenz de Santamaría, el Ejecutivo ha aprobado dejar de invertir en ocho sociedades públicas, agilizar la liquidación de 13 empresas, retirar su participación minoritaria de 35 sociedades y fusionar o eliminar nueve fundaciones. Pero la vicepresidenta no ha querido ofrecer las cifras concretas de ahorro que el Gobierno espera con esta reestructuración.
