Debemos subrayar la importancia de toda actuación del Estado dirigida a ayudar a los sectores sociales y económicos a culminar la rehabilitación de nuestro parque de viviendas y entorno urbano, por ello es preciso ahondar en lo que deben y pueden hacer las Administraciones de puertas para adentro para complementar las actuaciones relativas a la rehabilitación sostenible y digital de los edificios públicos.

Al igual que es conveniente y necesario para un municipio contar con un parque de autobuses públicos lo menos contaminante posible, para poder luego exigir a sus vecinos y vecinas circular con vehículos no contaminantes, es asimismo conveniente y necesario que el Estado, al mismo tiempo que incentiva y apoya la rehabilitación de todo tipo de edificios, viviendas y entornos urbanos, haga lo mismo con sus edificios, con los edificios públicos. Con sus hospitales, escuelas, dependencias administrativas y cualquier otro edificio que tenga por finalidad el servicio público.

Los efectos positivos de dichas políticas son evidentes, y van más allá de este carácter ejemplificador. Por un lado, para mejorar la eficiencia energética de dichos edificios, lo que disminuirá la factura eléctrica y contribuirá a luchar con más eficacia contra el cambio climático. Además de tecnificar, digitalizar y modernizar.

Por otro lado, para hacer de tractor y contribuir a la mejora del empleo y a dinamizar la economía, y con todo ello mejorar la vida de los que trabajan en dichos edificios, y de la ciudadanía que los utiliza.

Es una labor en la que han de implicarse todas las administraciones. Es fundamental y necesaria la cogobernanza, una labor que ha de contar con la colaboración no solo estatal, sino también de las CCAA y los Entes Locales, pues a estas Administraciones pertenecen la mayoría de los edificios públicos que existen en España.

Una labor, por tanto, de consenso. Porque la rehabilitación de edificios públicos nos implica y nos beneficia a todas y todos. A todas las administraciones españolas, sean del signo que sean, pero también a Europa, pues es en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el que se puede llevar a cabo este proyecto.

Dicho Plan contempla una partida de 480 millones para la rehabilitación de edificios públicos autonómicos y de 600 millones para la rehabilitación de edificios de entes locales. En los PGE de 2021 ya se presupuestaron 81 millones de euros. Pero son en los PGE de 2022 donde se ha recogido la parte más sustancial de esta partida, concretamente los 600 millones destinados a la rehabilitación de edificios de entes locales.

En el año corriente, se aprobará, una Orden ministerial para conceder subvenciones mediante el procedimiento de concurrencia competitiva para dar curso a estos 600 millones, un buen sistema, para impulsar la movilización de los recursos necesarios que ejecuten la rehabilitación de edificios públicos autonómicos, locales y estatales.

Eva Bravo Barco es portavoz de Vivienda del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.