El Poder Judicial está acaparando últimamente más miradas que de costumbre por, principalmente, dos motivos. En primer lugar, por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva ya cuatro años en funciones y con su renovación atascada por las constantes negativas del PP. Y en segundo lugar, por los recientes nombramientos al Tribunal Constitucional de Juan Carlos Campo y Laura Díez, ex ministro de Justicia y ex alto cargo en La Moncloa respectivamente, que desde la oposición se ha percibido como una limitación a la independencia del organismo. Sobre ello ha reflexionado el magistrado Joaquim Bosch, lanzando con ello un dardo al PP por su ya persistente bloqueo.

Desde la oposición en general y especialmente desde las filas del Partido Popular se ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al propio Ejecutivo, de “perpetrar un asalto a la justicia”, “romper la normalidad democrática y la separación de poderes” y “atentar contra el Estado de derecho”, entre otros señalamientos.

La secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, aseguró este sábado que llevarían al Constitucional un recurso de amparo “como primera medida de acción” no solo para protestar por los dos frentes mencionados previamente, sino también por las reformas en el Código Penal. Sin embargo, el PP se mantiene de perfil ante la posible moción de censura que se planteó desde el flanco ultraderechista del Congreso y ha sostenido que la batalla la darán legalmente y en las urnas, y no mediante ese mecanismo.

A raíz de este contexto, el magistrado y escritor Joaquim Bosch ha querido reflexionar sobre la situación, aportando su perspectiva y lanzando un dardo al Partido Popular:

“No me gustan los manejos partidistas en la cúpula judicial, vengan de donde vengan. A la vez me impacta que ahora hablen de "asalto a la justicia" quienes apoyan el secuestro de este CGPJ sin legitimidad, caducado hace 4 años y fuera de la Constitución. Es de un cinismo extremo”, ha escrito el magistrado. Un mensaje que señala la hipocresía de los ‘populares’, que muestran su indignación por los nombramientos del Constitucional y por la reforma del Código Penal al mismo tiempo que participan del bloqueo de un CGPJ ya anticonstitucional y caducado.