El cruce de reproches entre el Gobierno andaluz del PP y la oposición socialista ha entrado en una nueva fase. Mientras Juan Manuel Moreno Bonilla intensifica sus ataques al Ejecutivo central, el PSOE-A ha decidido girar el foco hacia su propia comunidad para poner sobre la mesa lo que considera el gran escándalo que sacude al Gobierno autonómico: tres altos cargos del entorno sanitario del presidente andaluz se encuentran imputados por el presunto desvío de 1.500 millones de euros de la sanidad pública a la privada.
Las personas señaladas judicialmente son Valle García, gerente del Servicio Andaluz de Salud; Miguel Ángel Guzmán, exgerente del SAS y exviceconsejero de Salud; y Diego Vargas, también exgerente del organismo. Los tres están siendo investigados por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de emergencia, sin publicidad ni concurrencia, durante los años 2021 a 2023.
Una investigación abierta en el Juzgado de Instrucción nº 13 de Sevilla apunta a que estas adjudicaciones habrían vulnerado los principios de transparencia y control, en virtud de un sistema de contratación amparado por una resolución firmada por la Junta, que eliminaba controles previos para sustituirlos por una fiscalización posterior. El magistrado ha vuelto a requerir al Gobierno andaluz que justifique la supresión de ese control previo y su decisión de blindar la contratación directa con fondos públicos.
“Moreno Bonilla no puede dar lecciones”
Desde el Parlamento de Andalucía, la portavoz adjunta del Grupo Socialista, Ángeles Férriz, ha cargado con dureza contra Moreno Bonilla, a quien ha acusado de querer “desviar la atención” con confrontación política para evitar que se hable del caso que afecta a su propio Ejecutivo.
“Moreno Bonilla no puede dar lecciones mientras tiene a tres miembros de su Gobierno andaluz imputados en los tribunales por el desvío de 1.500 millones de euros de la sanidad pública a la privada sin control ni publicidad”, ha denunciado Férriz, aludiendo directamente a las investigaciones judiciales en curso.
La dirigente socialista ha añadido: “El PP no tiene credibilidad para exigir nada sobre corrupción mientras no sea capaz de limpiar su casa”. Y ha lanzado un aviso directo al presidente andaluz: “La lleva clara Moreno Bonilla si piensa que, hablando de los demás, no hablaremos de lo que pasa en Andalucía”.
Sanidad, educación, dependencia: los frentes abiertos
En su intervención, Ángeles Férriz no solo ha puesto el foco en la presunta corrupción, sino también en lo que describe como “el deterioro generalizado de los servicios públicos” en Andalucía bajo el mandato del PP. “La sanidad está peor que nunca”, ha afirmado, y ha descrito un panorama preocupante: “Un millón y medio de niños con sus docentes en aulas no bioclimatizadas” en plena ola de calor, “personas que mueren diariamente esperando su ayuda a la dependencia” y “mil plazas de bomberos forestales sin cubrir en plena temporada de incendios”.
Férriz también ha señalado la contradicción, a su juicio, entre los recortes y la situación financiera de la comunidad: “Moreno Bonilla no puede decir que a Andalucía le falta dinero” cuando “el Gobierno de España ha asignado casi 28.000 millones por las entregas a cuenta”. Y ha rematado: “Veremos si el PP las acepta o prefiere seguir confrontando en lugar de defender los intereses de Andalucía”.
El desmantelamiento silencioso de la sanidad pública en Andalucía
A este escenario de presunta corrupción se suma la crisis estructural que sufre la sanidad pública andaluza. Según informes sindicales, la comunidad ocupa los últimos puestos del país en financiación, número de profesionales por habitante y satisfacción ciudadana, con una nota media de solo 5,7 sobre 10. La inversión por habitante ronda los 1 747 €, muy por debajo de la media nacional, y la diferencia con las regiones mejor financiadas, como Asturias, supera los 600 €. Pese al aumento presupuestario del 7,2 % anunciado para 2025, gran parte de ese incremento se ha derivado a conciertos con clínicas privadas y gasto farmacéutico, en lugar de reforzar directamente la red pública.
El déficit de personal sanitario también ha empeorado la situación. Andalucía presenta las tasas más bajas de médicos (3,1 por cada 1.000 habitantes) y enfermeras (4,0), lo que ha generado listas de espera disparadas: 176 días de media para una operación quirúrgica, más de 150 días para acceder a un especialista, y centros colapsados por falta de recursos. Satse ha denunciado la desaparición de cientos de plazas de enfermería en provincias como Málaga, mientras se mantienen quirófanos cerrados y se reducen servicios durante el verano. Todo ello dibuja un panorama que, según la oposición, “no es solo un problema de mala gestión, sino de modelo”.
