El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cumple este domingo cuatro años en funciones. Y todo gracias a que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, decidió dar marcha atrás en el último momento cuando el acuerdo de renovación estaba a falta de tan solo una firma. El motivo fue simple, no supo aguantar la presión de los suyos que, sobre todo, ejerció Isabel Díaz Ayuso, quien presionó al gallego para romper las negociaciones con la excusa de la reforma del delito de sedición.

Una decisión que se tomó menos de dos días después de que la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, afirmara con rotundidad que la renovación del consejo y la reforma de la sedición eran dos cosas diferentes, y que no interferían la una con la otra. Pero una portada de El Mundo amenazando, un Federico Jiménez Losantos desatado y una Ayuso en pie de guerra hicieron recular a Feijóo.

Actualmente el CGPJ está con tres miembros menos de los que debería, ya que un vocal se jubiló, otra falleció recientemente y, el que fuera presidente Carlos Lesmes, presentó su dimisión ante la incapacidad de los dos grandes partidos de llegar a un acuerdo de renovación. Aquella dimisión obligó a Feijóo y al presidente del Gobierno a mantener una larga reunión de la que salió un espíritu de acuerdo. Espíritu que se desvaneció por obra y gracia de la presidenta de Madrid.

Y mientras el PP pone zancadillas sin ningún tipo de remordimiento, la Justicia se desangra. El cambio de la Ley Orgánica del Poder Judicial impide que un consejo en funciones realice nombramientos, lo que ha dejado al Tribunal Supremo al borde del colapso en determinadas jurisdicciones. Actualmente faltan casi el 25% de los magistrados del Alto Tribunal. Y los tribunales superiores de Justicia no están mucho mejor que el Supremo. El tiempo pasa, las jubilaciones llegan, y el CGPJ sigue sin poder nombrar.

Hasta el propio órgano de Gobierno de los jueces va perdiendo miembros poco a poco. De hecho, el actual presidente en funciones, Rafael Mozo, se jubila en julio de 2023, lo que dejará al consejo con 17 miembros, cuando en realidad debería tener 21.

Nueve años llevan los vocales en sus despachos, pero ese tiempo se podría incrementar exponencialmente pues 2023 y 2024 son años electorales. Si no hay renovación, los actuales vocales podrían estar incluso dos años más en sus puestos. Un tiempo que la Justicia no puede soportar. ¿Cómo quedará el Supremo, las audiencia provinciales o los TSJ si en dos años no se puede nombrar ningún magistrado?

La falta de renovación del CGPJ se traduce en números. 18 magistrados en el Supremo, 31 en tribunales superiores de Justicia, 20 en Audiencias Provinciales y 1 en la Audiencia Nacional. Son las cifras, facilitadas por el Consejo, de nombramientos pendientes. Números que no hacen más que crecer.

El Constitucional

Y a los magistrados anteriores hay que sumar otras dos plazas pendientes, las del Tribunal Constitucional dependientes del CGPJ. Esas dos plazas sí se pueden nombrar, pero el sector conservador no hace más que dilatar la elección. Las fuentes consultadas por ElPlural.com hablan de “presión extrema” por parte del PP para que no se realicen.

Los populares no quieren, bajo ningún concepto, perder el poder de mayoría que actualmente ostentan en el Tribunal de Garantías. Sin embargo, el Gobierno ha nombrado dos magistrados y, de los dos del CGPJ, uno corresponde al sector progresista, lo que dejaría una mayoría de progresistas en el Constitucional. Como siempre que el PP está en la oposición, las zancadillas y las excusas de los populares para no cumplir con su deber constitucional son la tónica diaria. ¿Qué pasará ahora? Solo el tiempo lo dirá.