La Junta Electoral Central (JEC) tiene previsto reunir en el Congreso a los eurodiputados elegidos el pasado domingo, y que se presenten el 17 de junio para acatar la Constitución. Entre los escogidos en las urnas, está Carles Puigdemont, que tendría que volver a España.

En el caso de que el expresidente catalán, fugado en Bélgica, no se presentara en el hemiciclo, no sería proclamado eurodiputado, pero si acude, se le arrestaría en cuanto pisara suelo español. En la misma situación se encuentra Toni Comín, el número dos de la candidatura Lliures que también fue elegido el pasado 26 de mayo.

Otro político que está en el centro de la polémica es el cabeza de lista de Ahora Repúblicas, Oriol Junqueras, que está en prisión preventiva como presunto autor de un delito de rebelión, juzgado por el Tribunal Supremo. En este caso, igual que hizo para recoger su acta de diputado, el tribunal debería dejar a Junqueras abandonar Soto del Real y acudir al Congreso de los Diputados.

Según informa Efe, para que los 54 eurodiputados puedan ir a Bruselas a representar a nuestro país y ocupar su escaño el próximo 2 de julio, es obligatorio presentarse ante la Junta, entregar sus acreditaciones como parlamentarios electos, jurar la Constitución y recibir la credencial para poder ir al Parlamento de la UE.

Además, en el caso de que durante la reunión se contemplara que alguna de las fórmulas usadas no está dentro de la legalidad, serían anuladas y los eurodiputados electos dejarían sus puestos. Así lo especifica el artículo 224.2: “La Junta Electoral Central declarará vacantes los escaños correspondientes a los Diputados del Parlamento Europeo que no hubieran acatado la Constitución y suspendidas todas las prerrogativas que les pudieran corresponder por la razón de su cargo, todo ello hasta que se produzca dicho acatamiento”.

Por ejemplo, Pablo Echenique fue elegido eurodiputado en 2014, y quiso utilizar una fórmula de acatamiento demasiado larga, que tuvo que detener después de que el presidente de la JEC le llamara la atención, advirtiéndole de que podría considerarse inválida. Al final, el político se limitó a decir “si, prometo por imperativo legal”.