El Partido Popular ha intentado por todos los medios torpedear el debate parlamentario sobre la reforma de la Ley Orgánica 7/2014, que beneficiará a más de 40 presos de la banda terrorista ETA. Su penúltimo clavo ardiendo ha sido un escrito presentado ante la Junta de Portavoces pidiendo la retirada de las enmiendas de la discordia -las presentadas por Sumar-. Intento fallido, pues requiere de la aprobación de todos los grupos de la Cámara Alta, por lo que, finalmente, han optado por postergar la votación. Sin embargo, esta maniobra lo único que provoca es un retraso en su aprobación definitiva. "Engordar para morir", resumen fuentes parlamentarias.
Tras la digestión del error, los conservadores se pusieron manos a la obra en busca de todo resquicio legal posible para evitar la aprobación de la Ley Orgánica 7/2014, que beneficiará a más de 40 presos de la banda terrorista ETA. Reforma a la que dieron su bendición en el Congreso de los Diputados y que tampoco recibió enmienda o veto durante su tramitación en el Senado. Ahora, el PP ha efectuado la retirada de la ley del orden del día del Pleno de la Cámara Alta, haciendo valer su mayoría absoluta. Sin embargo, se trata de una maniobra inocua, pues tan sólo consigue postergar la aprobación definitiva de la misma.
Penúltimo intento
Los populares, en una tentativa a la desesperada para retratar al resto de formaciones, elevaron a la Junta de Portavoces del Senado un escrito con el fin de retirar las enmiendas de Sumar. Los epígrafes registrados por los magentas, y que contaron con el beneplácito silente de los conservadores en la Carrera de San Jerónimo, son los que beneficiarán a unos 44 presos etarras, que o bien verán sus tiempos de condena recortados o bien saldrán de prisión.
Para ello, según el artículo 125 del Reglamento de la Cámara, necesitaban la firma de todos los grupos de la Cámara, por lo que todo apuntaba a un fracaso que, finalmente, llegó. Ni el PSOE ni sus aliados respaldaron la maniobra de los conservadores, quienes se vieron abocados a forzar la paralización de la votación. Fue entonces cuando, recién iniciado el Pleno de este martes, la portavoz del Grupo Popular, Alicia García, reclamaba la suspensión del debate y votación de la reforma de la ley de antecedentes
Retirada del orden del día
A intervención de García soliviantó a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y al PNV, aunque sus quejas no evitaron que el presidente del Senado, el conservador Pedro Rollán, aceptara la solicitud de la bancada popular y se procedió a la votación de la suspensión, que salió adelante gracias a su mayoría absoluta en la Cámara de representación autonómica. Mientras, socialistas y el resto de grupos se posicionaban en contra del aplazamiento.
Entre tanto, Vox maniobraba en paralelo a sus otrora aliados, anunciando la presentación de dos enmiendas orientadas a revertir los puntos de esta reforma legal pese a estar fuera de plazo. No obstante, corresponde ahora a la mayoría absoluta del Partido Popular decidir si se pueden tramitar o no.
En cualquier caso, los conservadores descargan toda la responsabilidad hacia el Grupo Socialista al no estampar su firma en el escrito registrado este martes en la Junta de Portavoces. “Se han negado a firmar nuestra petición, alineándose con los intereses de Bildu y los presos de ETA”, denunciaban fuentes del Grupo Popular antes del inicio del pleno. Al margen de las críticas a sus adversarios, no cejarán en la búsqueda de cualquier “instrumento político, parlamentario y jurídico” para frenar esta reforma.
Poco margen para el PP
Aun con todo, los conservadores asumen que la reforma saldrá adelante, sabedores de que su tiempo para vetarla o presentar enmiendas. “Es engordar para morir”, resumen fuentes parlamentarias consultadas por ElPlural.com. Voces que, al mismo tiempo, auguran que el margen del Partido Popular se estrecha paulatinamente, habida cuenta de que la retirada efectuada este martes tan sólo retrasa la aprobación de la normativa hasta el próximo 14 de octubre.
Otras voces recuerdan que tanto PP como Vox “tuvieron su oportunidad” para tumbar la normativa durante el proceso de enmiendas, pero también con el veto de la Cámara. Sin embargo, ninguna de las dos se produjo. Al no haber recibido oposición expresa en el Senado, el Pleno lo empaquetará y lo remitirá directo al Boletín Oficial del Estado para culminar su proceso de tramitación.
No obstante, en el Partido Popular no se resignan e insisten en que darán la batalla al “percatarse del engaño”. Descargan toda la responsabilidad sobre el Gobierno de coalición, a pesar de admitir su “grave error” durante la tramitación en las Cortes Generales. Ahora, sin embargo, exigen al Ejecutivo que rescate a los conservadores y subsane su descuido. Así lo ha expresado en rueda de prensa desde la Cámara Baja, el portavoz parlamentario del PP en la Carrera de San Jerónimo, al tiempo que censuraba las “triquiñuelas” de los socialistas en el “juego parlamentario”.
