El Gobierno de España celebra como una victoria que Europa siga el camino marcado por Moncloa para abaratar la factura de la luz y ahorrar energía para afrontar el duro invierno que se prevé. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha anunciado una suerte de tope para los beneficios extraordinarios de las grandes empresas energéticas con el que espera recaudar del orden de 140.000 millones de euros. La iniciativa es equivalente al gravamen a las compañías energéticas y a entidades bancarias que Pedro Sánchez anunció el pasado julio, pese a lo cual, Génova insiste en negar la mayor, justificando su rechazo diciendo que las medidas de Bruselas no son las mismas que las de España.

El jefe del Ejecutivo ha puesto en aprietos a toda la bancada del Grupo Popular -y por extensión, a Alberto Núñez Feijóo- al lamentar que se opusieran a gravar los beneficios extraordinarios de las grandes empresas fruto de la inflación provocada por la guerra en Ucrania: “Si ayer quedó algo claro es que el programa del PP es el programa de las grandes energéticas”.

Génova, consciente de la fragilidad de su posición tras el movimiento de Europa de asumir la propuesta de Sánchez, se agarra a dos argumentos. El primero pivota en torno a la idea de que no son iguales. Preguntada al respecto, la diputada y portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, ha contestado con un lacónico “porque son muy diferentes”. ¿ Lo son? La respuesta es que no. No difieren.

Durante la comparecencia en la que Von der Leyen ha anunciado el despliegue de las nuevas medidas, ha evitado pronunciar la palabra “impuesto” y ha hablado de una suerte de “tope”, pero comparten naturaleza. El gravamen que articulará Moncloa limitará los beneficios extraordinarios para engrasar las arcas públicas, mientras Bruselas hará lo propio imponiendo un tope y recaudando el resto. En ambos casos, el resultado es el mismo. La única diferencia es que Von der Leyen se ha cuidado de no herir sensibilidades relacionadas con la política fiscal.

El segundo argumento del PP es que se trata de un nuevo impuesto cuando ellos proponen bajarlos. "Votaremos que no porque nosotros estamos de entrada a favor de todo lo que sea bajar los recibos a los ciudadanos y que paguen menos impuestos", ha alegado Gamarra, matizando que “no nos cerramos a plantear medidas que Europa está ahora mismo planteando de mayor seguridad, mayor respaldo y protección de las rentas más bajas". También ha cuestionado que los impuestos se impulsen a través de una proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos, y no de un proyecto de ley desde el Ejecutivo "con absolutas garantías" y sus respectivos informes.

Su razonamiento es fácil de tumbar teniendo en cuenta dos cosas. La primera es que el Gobierno, ya en la génesis de la iniciativa, habló de impuesto temporal a los beneficios extraordinarios. Además, el propio Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso, recordó en una rueda de prensa el pasado martes que no se trataba de otro impuesto sino de un gravamen excepcional y temporal. De esta forma, se sacudió también las dudas legales que pudiera suscitar ya que hay voces que apuntan a una posible impugnación por doble imposición, lo que obligaría al Gobierno a devolver lo recaudado.