Con un contexto energético volátil, difícil y una crisis energética puesta en el epicentro de las preocupaciones de la Unión Europea, fruto de la guerra en Ucrania y de la dependencia del Viejo Continente con el gas ruso, Bruselas ha pisado el acelerador para fortalecer su respuesta en un intento por capear el temporal y realizar una reforma del mercado eléctrico que sirva tanto a corto como a medio plazo. Ha sido la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la encargada de fijar el rumbo y anunciar una serie de medidas con clara ‘marca España’: desde los topes al gas hasta el ahorro de energía, pasando por los impuestos a las energéticas y la reconfiguración de los sistemas de suministros.

Medidas, todas ellas, propuestas por el Gobierno de Sánchez y adelantadas por el Ejecutivo pese al rechazo sistemático del Partido Popular. Precisamente por esta deriva de la oposición ha sido preguntada este miércoles la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, quien ha negado que las medidas de Bruselas tengan nada que ver con las propuestas por las diferentes delegaciones españolas en las reuniones sucesivas para fijar el plan de contingencia europeo: “No tienen nada que ver”, ha afirmado la diputada popular.

Este miércoles, la propia von der Leyen ha anunciado que se impondrá un tope a los beneficios extraordinarias de las empresas energéticas, ya que “millones de europeos necesitan apoyo para pagar sus facturas de energía": “Algunas empresas producen electricidad a bajo costo y obtienen grandes márgenes. Proponemos un tope a sus ingresos que recaudará más de 140 mil millones de euros", ha explicado la dirigente europea.

Una medida que pese a la oposición del PP va en línea con lo que ya proponía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde hace meses asegurando que el reparto de los costes de esta crisis debía ser diferente a la de 2008: “Este Gobierno no va a tolerar que haya empresas o individuos que se aprovechen de la crisis para amasar mayor riqueza a expensas de la mayoría. Porque las dificultades de la mayoría no pueden ser las alegrías de una minoría", indicaba el líder del Ejecutivo en pasado mes de julio en el Congreso de los Diputados anunciando, ya entonces, la decisión de poner en marcha dos nuevos impuestos para eléctricas y banca -ambos impuestos refrendados este mismo martes por el Congreso de los Diputados con la oposición del PP-.

Medidas concretas

Al margen de este gravamen a las petroleras y gasistas de un 33% sobre su nivel de beneficios extraordinarios, reclamado por España tiempo atrás y vilipendiado por la oposición española, Bruselas también acordó este martes imponer un ahorro del 5% en el consumo de electricidad durante las horas pico para todos los Estados miembros. Una petición que va en línea con el plan de ahorro energético puesto sobre la mesa por el Gobierno de España y refrendado en el Congreso de los Diputados el pasado jueves 25 de agosto en el pleno extraordinario fijado por Sánchez que abría el curso político tras las vacaciones.

Con esta aprobación, el Congreso abría el camino al ahorro energético adoptando medidas como limitar el uso de la calefacción y el aire acondicionado, apagar los escaparates no necesarios durante las horas en las que no fuese necesario y fomentar el transporte público. Un pack de tres medidas principales para, en declaraciones de Sánchez, “hacer frente al chantaje de Putin”.

El PP, entonces, se opuso y votó en contra de estas medidas, llegando a retar al presidente del Gobierno a un debate en el Senado para abordar de forma conjunta la respuesta española a la crisis energética. De aquel debate, del que Feijóo salió castigado, salió la promesa popular de hacer llegar a Moncloa un paquete de medidas redactado por Génova: llegó, pero una semana tarde, con medidas recicladas -algunas ya en funcionamiento- y unas conclusiones directamente copiadas del documento realizado por el gobierno de la Xunta de Galicia.

Cabe recordar que, pese a la contrariedad del principal partido de la oposición, estas medidas en las que España fue un país pionero fueron copiadas con escasos días de diferencia por países como Alemania, Italia o Francia.

El tope al gas: un acierto en Bruselas, “un timo” en Génova

Lo mismo ocurrió con la excepción ibérica. Fue el pasado 25 de marzo cuando Sánchez, agotado, tras un debate plagado de acusaciones, filtraciones y hasta momentos de crispación interna en una cumbre de vital importancia para España, pudo salir de Bruselas con la satisfacción del trabajo realizado: España y Portugal se convertían en isla energética y la excepción que permitiría topar el precio del gas era una realidad.

Desde entonces, las acusaciones del PP han sido de lo más variopintas: de “timo ibérico” a acusar al Gobierno de Sánchez de estar financiado la crisis a Francia. No ha habido líder del PP que no haya mostrado su rechazo con una excepción ibérica aplaudida por los estados miembros, incluso por aquellos como Alemania que se opusieron en primer momento: “Sánchez ha sabido defender de forma extraordinaria los intereses de su país”, llegó a decir el canciller Olaf Scholz en una rueda de prensa realizada de forma posterior a recibir al presidente español en el Palacio de Meseberg.

Lo que entonces causó controversia, ahora es una realidad: es necesario desacoplar el precio del gas del precio final de la energía. La forma de calcular la energía está obsoleta y arrastra a los Veintisiete a una crisis cercana, devastadora para países con mayor dependencia energética con Rusia. “El gas no puede seguir marcando el precio de la energía”, ha afirmado este mismo miércoles von der Leyen, reconociendo así que España tenía razón desde hace cerca de seis meses.

Sobre los topes al gas, la Unión aún no tiene nada decidido. A lo largo de estas semanas se ha hablado de convertir la excepción ibérica en una excepción europea, pero su implementación parece complicada y los expertos y los ministros de Energía siguen debatiendo. Otra opción es topar el gas en los países con mayor dependencia, tal y como exige Alemania, ahogada por una situación de inestabilidad que ya empieza a provocar revueltas en las calles.