La Comunidad de Madrid puso en marcha, hace aproximadamente un año y medio, el Plan Vive, una operación basada en la concesión de suelo público a empresas privadas para la construcción de viviendas, cuya titularidad pasaría a ser pública una vez terminasen las obras. Los trabajos de este plan urbanístico se extienden hasta 12 municipios de la Comunidad: Alcalá de Henares, Alcorcón, Boadilla del Monte, Colmenar Viejo, Getafe, Madrid, Móstoles, Pinto, San Sebastián de los Reyes, Torrejón de Ardoz, Torrelodones y Tres Cantos. Dichas viviendas contarán con una reducción del 40% con respecto al precio de mercado y contarán con unos determinados requisitos para poder acceder a ellas.
Los requisitos para acceder a las viviendas
Para entrar en el rango válido para optar a una de estas viviendas, los ingresos anuales de la unidad de convivencia correspondientes al último ejercicio fiscal cerrado y disponible deben alcanzar, en su conjunto, un mínimo de 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y no sobrepasar un límite de 5,5 veces ese mismo indicador si se trata de viviendas con protección pública para arrendamiento de precio básico, ni de 7,5 veces si se tratara de viviendas con protección pública para arrendamiento de precio limitado. Dichos ingresos se ponderarán con coeficientes en función del número de miembros de la unidad de convivencia, pero no ha quedado especificado, en el momento de la publicación de este artículo, si dicho número tiene que cumplirse con una combinación determinada (familias de dos padres o monoparentales, un número determinado de hijos, miembros de la familia que queden fuera de la ecuación padres-hijos, etcétera).
Pero ¿cuál es la cantidad que comprende el mencionado IPREM? En 2022, la cifra ha quedado establecida en 579,02 euros mensuales, cuantía que corresponde a unos ingresos anuales totales de 6.948,24 euros sin pagas extraordinarias y de 8.106,28 euros con pagas. De esta manera, multiplicando dichas cifras por los umbrales establecidos por la Comunidad de Madrid, podrán ser beneficiarias de estas viviendas de protección oficial aquellas unidades familiares que ganen entre 12.159,42 y 44.584,54 euros al año en caso de viviendas con protección pública para arrendamiento de precio básico, y 60.797,10 euros anuales en el caso de aquellas de protección pública para arrendamiento de precio limitado. A su vez, los solicitantes deberán acreditar un periodo mínimo de antigüedad de tres años en el empadronamiento o localización de su centro de trabajo en el municipio correspondiente.
Si con los solicitantes comprendidos en los parámetros mencionados no quedase cubierta la totalidad de las viviendas que se ofertan, podrán acceder también aquellos interesados que acrediten un período mínimo de cinco años de antigüedad en el empadronamiento o en la localización de su centro de trabajo en la Comunidad de Madrid, y si de dicha forma tampoco se llega a los cupos, se podrá presentar los mismos documentos, pero sin mínimo de antigüedad. Este requisito se acreditará mediante el certificado de empadronamiento o el contrato de trabajo, en el caso de trabajador por cuenta ajena, o bien por acreditación del domicilio fiscal o de apertura de centro de trabajo en el municipio, en caso del trabajador por cuenta propia.
Las polémicas alrededor de esta operación, en cifras
Existen ciertos datos e indicadores que reflejan la desproporción del sesgo económico del Plan Vive. En primer lugar, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE) y con el diario Expansión, el salario modal, es decir, el salario más frecuente en España, fue de 18.490 euros anuales (1.320 euros en 14 pagas) en el año 2020, mientras que el salario medio se cifró en 25.165 euros (1.797,5 euros en 14 pagas) en el mismo espacio y periodo. En segundo lugar, hay que echar un vistazo al precio promedio del alquiler de vivienda en la Comunidad de Madrid. El valor al que asciende de media un alquiler residencial en la región está cifrado en 1.643 euros a julio de 2022, y en 15,9 euros por metro cuadrado.
De acuerdo con estas cifras, en promedio, una unidad familiar que perciba más de 60.000 euros al año no debería tener dificultades para costearse un alquiler en la Comunidad de Madrid, sino que más bien son aquellas personas cuyas ganancias rondan los valores modales y medios quienes más problemas tienen que afrontar para conseguirlo. De esta manera, que se estableciera un orden de preferencia en favor de aquellos solicitantes cuya situación económica sea más vulnerable parecería algo razonable, con el fin de que dichas viviendas acaben en manos de ciudadanos que realmente las necesiten. Sin embargo, la manera en la que se van a asignar las residencias va a ser, de acuerdo con diversas notas de prensa publicadas por la Comunidad de Madrid y por algunos de los ayuntamientos beneficiarios, por sorteo, lo que podría provocar un reparto no tan justo de las viviendas disponibles.
A su vez, el elevado límite para beneficiarse de esta operación ya ha sido puesto en entredicho con anterioridad. En abril de este mismo año, el TSJM admitió un recurso que buscaba impugnar la orden de ejecución del Plan Vive, porque, según alegaban los denunciantes, es “excluyente”, “dificulta el acceso a las capas sociales más bajas” y "establece condiciones y barreras de entrada" que impiden que las rentas más bajas puedan disfrutar del acceso a estas viviendas.
Viviendas ubicadas en municipios pudientes y en urbanizaciones de lujo
De la lista de municipios beneficiarios de la operación, llaman particularmente la atención cinco de ellos. ¿La razón? Su elevada renta per cápita, que pone en entredicho la necesidad de construir viviendas de protección oficial en localidades cuyos residentes no necesitan, en su gran mayoría, unas prestaciones sociales que podrían ser aprovechadas por ciudadanos más vulnerables. Se trata de Boadilla del Monte (tercer municipio con mayor renta per cápita de España con 62.965 euros de renta bruta anual), Torrelodones (cuarto puesto de la misma lista, con 56.002€), Tres Cantos (puesto 34, 43.349€), San Sebastián de los Reyes (puesto 70, 37.315€) y Colmenar Viejo (puesto 91, 34.991€), todos ellos pertenecientes a los 100 municipios más pudientes del país.
Al mismo tiempo, cabe destacar que, en algunos casos, las nuevas viviendas van a construirse de manera casi colindante con complejos urbanísticos de gran lujo. Es el caso de Boadilla del Monte, donde los pisos van a ubicarse en la calle Fray Junípero Sierra, que se ubica a escasa distancia de varias de las zonas de urbanizaciones de mayor poder adquisitivo de la ciudad y de toda la región. Por parte de San Sebastián de los Reyes, el Plan Vive irá a parar, principalmente, a la zona de Los Tempranales, de características similares a las de Boadilla del Monte.
