Alberto González Amador intentó expandir su negocio a África, pero una factura falsa por un montante de 922.585 euros sacó a la luz una transacción fallida en Costa de Marfil, según eldiario.es. La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ejerció como intermediario en la venta de vacunas tras una visita al país en busca de nuevos acuerdos. El proyecto se orientó hacia la venta de dosis de la vacuna AstraZeneca por valor de 16,9 dólares (unos 15,51 euros al cambio), a pesar de que su precio original no sobrepasaba los tres euros, para repartirse con su socio una cuantía de más de dos millones en concepto de comisiones; recurriendo a la empresa con la que ya se lucró en 2020 con la venta de mascarillas.
El Gobierno costamarfileño desechó el acuerdo ante el elevado precio de la dosis, aunque Alberto González trató de persuadir a Hacienda de que la transacción provocó unos gastos que en la realidad nunca existieron. La factura de 922.585, según publica eldiario.es, engrosa la larga lista de documentos fraudulentos que el novio de Ayuso presentó ante la Agencia Tributaria para rebajar las cuantías a pagar en concepto de impuestos. Así se desprende del pormenorizado informe del fisco y que sienta las bases de la denuncia de la Fiscalía Provincial de Madrid. De hecho, es el propio implicado el que ofrece todos los detalles mediante una carta remitida a la inspección de Hacienda y que se ha integrado en el expediente.
González explica en la misiva que en febrero de 2021 él y el empresario mexicano Maximiliano Niederer urden una estrategia para exportar su “excelencia sanitaria” a África. Concretamente con las autoridades de Costa de Marfil. La asesoría para burlar los controles sanitarios en hospitales era su principal vía de ingresos antes del estallido de la pandemia. Sin embargo, el Gobierno costamarfileño no les prestan demasiada atención, aunque en semanas anteriores les extendieron la necesidad de “adquirir vacunas covid-19”, así como otros medicamentos.
En este punto entraba en juego Maxwell Cremona, la empresa de la pareja de Ayuso, para hacer lo imposible por conseguir vacunas y venderlas a Costa de Marfil. Entre los meses de abril y mayo de 2021 se registran diversas reuniones a varias bandas entre diferentes empresas, con Alberto González como nexo entre todas las partes. Se contacta entonces con dos firmas que, a priori, pueden conseguir vacunas. Una de ellas, Mape Asesores, estaba ya en la cartera del empresario tras haber rubricado acuerdos para la venta de las mascarillas en 2020.
Mape “hace una solicitud de vacunas a AstraZeneca” a través de varias cartas, remitidas también a la inspección durante la investigación. Mientras, González Amador y sus socios se desplazan a Costa de Marfil para un nuevo encuentro con los responsables sanitarios del país entre el 31 de mayo y el 3 de junio de 2021.
Un nuevo pelotazo
Durante las tomas de contacto, desde el Ministerio de Sanidad se les urge a hacerse con las vacunas a la mayor brevedad posible. Las empresas, ante la falta de confirmación de que puedan adquirir las dosis a través de una de las compañías que hizo las peticiones a AstraZeneca, empiezan a perder los nervios. En esa época, los laboratorios rechazaban la venta de vacunas a empresas privadas, circunscribiendo los acuerdos al sector público.
Por ello, González Amador recuerda en su escrito a la Fiscalía que decidieron “ir por la otra vía” debido a que en pocas fechas saldría la licitación. Aquí entra en juego una nueva empresa, Tec Pharma Europe, que se presenta a concurso con la esperanza de que esta última baza consiga las vacunas para después venderlas a Costa de Marfil. Todas las partes delimitan el precio y la cantidad de dosis que venderían y “se acuerda un precio de venta unitario máximo de 16,90 dólares”. O lo que en términos totales supondrían dos millones de dosis y unos 33 millones de dólares.
De ese precio, no obstante, cabía deducir 40 céntimos por dosis destinados a concepto de logística, amén de las comisiones. Según la información de eldiario.es, Alberto González estableció la suya en un 7,5% (más de 2,5 millones si se vendían al precio acordado). No obstante, una parte de ese beneficio iría a parar a los bolsillos del empresario mexicano Maximiliano Niederer por sus gestiones. AstraZeneca comenzó a distribuir la vacuna en febrero de 2021 en colaboración con la Universidad de Oxford, por lo que el precio era mucho más barato que las elaboradas por Pfizer-BioNtech y Moderna; es decir, unos 2,9 euros por dosis frente a los 17 o 31.
Giro dramático
El negocio, sin embargo, entró en barrena total. Según consta en la documentación del Ministerio Público, el precio y la cantidad de vacunas nunca contó con la firma de Costa de Marfil. Hay una segunda oferta tras varios días de conversaciones y acuerdan “presentar 15 dólares como precio final”. En julio de 2021 se presentaron al concurso, pero no ganaron la licitación a consecuencia del elevado precio de las vacunas, según les trasladaron las autoridades sanitarias del país, pues sobrepasaba en demasía a las otras ofertas. Una explicación que el propio González explica mediante cartas, correos e incluso fotografías con el responsable sanitario del país africano. La Agencia Tributaria admite su desconcierto ante el abanico de empresas que intervinieron en el proyecto y aduce no tener claro cuál es el papel de algunas ni el motivo por el cual pretendían cobrar.
González presentó al fisco una factura de 922.585 euros de la sociedad Gayani LTD, cuya titularidad recae sobre Maximiliano Niederer, que corresponde, en principio, a la parte de sus honorarios. Sin embargo, como nunca se produjo tal venta, la pareja de Ayuso sólo tuvo que pagarle 27.000 euros por otros gastos. En una primera declaración adujo que aportó la factura porque estaba pendiente del resultado del concurso tras haber recurrido el primer rechazo de Costa de Marfil. Versión que tumba la Agencia Tributaria al constatar que se resolvió por completo: “Queda claro que el 10 de octubre de 2021 ya sabía que no eran los adjudicatarios. Nos encontramos ante una factura que contiene una prestación de servicios inexistente y cuya realidad no ha quedado debidamente acreditada”. Por ello, sostienen que no se trata de un error, sino que responde a un “patrón organizado” y potencialmente orientado a “evitar la tributación” de los ejercicios 20 y 21.
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