El Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) se ha pronunciado sobre el caso de presunto fraude fiscal de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, señalando como un asunto de “extrema gravedad” la filtración de datos cometida por la Fiscalía. Una posición muy contraria a la que ha mostrado la Unión Progresista de Fiscales, desde donde han salido en defensa de la Fiscalía ante las acusaciones.
El ICAM denuncia que la Fiscalía Provincial de Madrid reveló “datos concretos de unas diligencias de investigación” a través de un comunicado, y apunta que entre esas filtraciones figuraban fechas, conversaciones y reuniones que suponen una “ruptura del secreto profesional que ampara las comunicaciones de letrados”.
Desde el Colegio de Abogados aluden al artículo 4.5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para señalar que existe un “límite en la obligación de informar por parte del Ministerio Público” y que el secreto profesional es “especialmente importante en las interacciones entre fiscales y abogados”.
Para el ICAM, la información conocida esta semana sobre las conversaciones entre la Fiscalía y el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González, constituyen una “vulneración de estos principios básicos de sigilo, confianza y buena fe” y, denuncia, “pone en riesgo la neutralidad que debe caracterizar la actuación del Ministerio Fiscal”.
El ICAM ha anunciado que abordará esta cuestión en la junta de gobierno del próximo lunes “con el compromiso de velar por el ejercicio del derecho de defensa y el secreto profesional”. El colegio concluye señalando que llegará “hasta las últimas consecuencias”.
La UPF sale en defensa de la Fiscalía
Ante estas acusaciones, desde la Unión Progresista de Fiscales han salido en defensa de la Fiscalía. UPF ha publicado un comunicado, que han difundido a través de su perfil de X, en el que muestran su absoluto apoyo a los compañeros y compañeras afectadas.
En el comunicado alertan de que “ante la campaña de informaciones publicadas en determinados medios, dirigida a cuestionar la probabilidad de la actuación de la Fiscalía de Madrid y de sus componentes, socavando el prestigio del Ministerio Fiscal, de la Sección de Delitos Económicos y de la Fiscal jefe de Madrid, la UPF manifiesta lo siguiente”, reza el inicio del comunicado que consta de tres puntos.
El primero de ellos destaca que la Fiscalía “encargada del asunto no filtró ningún tipo de documentación reservada”, para luego apostillar que actuó en el ejercicio de sus funciones y destacan su “absoluta imparcialidad”.
Posteriormente, destacan que, desde la Fiscalía de Madrid, “solo ha emitido una nota de prensa para aclarar informaciones inexactas de determinados medios de comunicación”.
El tercer punto del comunicado está destinado a “aclarar los pasos seguidos en un asunto cuando existe un claro intento de intoxicación informativa y hay un interés público”, algo que declaran: “No es solo una posibilidad, sino una obligación para el Ministerio Fiscal”. Y cierran aclarando que la información de la Fiscalía de Madrid ha sido “aséptica, objetiva, respetuosa con los derechos de la defensa y dirigida a defender el principio de imparcialidad de la institución y la honorabilidad de todos los fiscales de la plantilla”.
Comunicado en relación con determinadas informaciones vertidas en medios de comunicación sobre la actuación de la Fiscalía de Madrid. Nuestro absoluto apoyo a los compañeros y compañeras afectadas pic.twitter.com/WS1r4QWBka
— UPFiscales (@UPFiscales) March 15, 2024
Presunto fraude fiscal
Este jueves, la Fiscalía de Madrid salía al paso de las informaciones sobre el presunto fraude fiscal de Alberto González difundiendo un comunicado en el que detallaba que “el único pacto de conformidad, con reconocimiento de hechos delictivos y aceptación de una sanción penal, que ha existido hasta la fecha es el propuesto por el letrado de D. Alberto González Amador al fiscal”. Así, insistía en que fue la defensa de la pareja de Ayuso la que se puso en contacto con la Fiscalía para proponer un acuerdo, y no al revés.
González admitió durante la Inspección de la Agencia Tributaria haber incorporado de manera irregular dos facturas correspondientes a proyectos fallidos en México y Costa de Marfil, por unas sumas que ascendían a 620.000 euros y 900.000 euros respectivamente. Con ello, según refiere la Fiscalía, habría dejado de aportar a Hacienda 155.000 euros en 2020 y 195.951 euros en 2021, 350.951 euros en total.
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