Alberto González, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se sirvió de hasta 10 empresas para supuestamente defraudar hasta 350.951 euros entre 2020 y 2021 a través de un entramado de facturas falsas. Así consta en el auto que el juzgado de Instrucción número 19 de Madrid publicó el pasado 20 de marzo y al que ha tenido acceso ElPlural.com.
De la investigación iniciada por la Agencia Tributaria se desprende que la empresa del novio de Ayuso, Maxwell Cremona, pasó de facturar 357.000 euros en 2019 a 2.330.000 euros en 2020. Pese a este espectacular incremento de ingresos en parte gracias a los dos millones que ganó por la venta de mascarillas en pandemia, la base imponible declarada se fijó en 11.233 euros (menos de la mitad de la del año anterior) y la cuota tributaria en 2.808 euros (menos de un tercio que el año anterior). Es decir, pese a contar con ingresos seis veces superiores al ejercicio anterior, Maxwell Cremona presentó una declaración donde pagaba tres veces menos que el año anterior.
Para ello, el novio y compañero de piso de la presidenta de la comunidad de Madrid ideó todo un entramado de facturas falsas y sociedades pantalla. Y es que al margen de su empresa Maxwell Cremona, la justicia investiga otras 9 empresas: MKE Manufacturing, Gayani Ltd, Púrpura Star, Baluarte Desarrollo de Centro Especial de Empleo, Desarrollo de CEE El Manantial, Bianconera de Servicios Profesionales, Bianconera SPA, Ginmosur y Masterman & Whitaker (de la que el socio único y administrador era también Alberto González Amador).
Las mencionadas sociedades están implicadas en la presunta elaboración de facturas falsas que aparentemente "no se corresponden con servicios realmente prestados, y aportadas con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer”. Es decir, estamos ante sociedades que fabricaron facturas falsas para poder deducirse gastos y así evitar que la pareja de Ayuso pagara al fisco lo que le correspondería en base a su volumen de negocio.
Por ello, además de las empresas, están investigados sus administradores únicos y presuntos responsables de emitir facturas falsas a la compañía de la que la pareja de Ayuso: Maximiliano Eduardo Niederer González, David Herrera Lobato, Agustín Carrillo Saborido y José Miguel Carrillo Saborido.
A todos ellos se les acusa de dos delitos relativos al impuesto de sociedades de 2020 y 2021, y de un delito de falsedad en documento mercantil.
Una larga ristra de escándalos
Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha sido protagonista de muchas polémicas durante las últimas semanas. Todo comenzó al conocerse un presunto fraude fiscal por valor de 350.000 euros y otras infracciones por falsedad documental, que dieron pie a seguir tirando del hilo y descubrir más datos e información.
Concretamente, el novio de la responsable de Sol defraudó 350.951 euros entre 2020 y 2021 a través de un entramado de facturas falsas y sociedades pantalla. Así aparece reflejado en una denuncia que presentó la Fiscalía Provincial de Madrid el pasado 5 de marzo después de recibir esta un informe de la Agencia Tributaria con las conclusiones de una investigación que había iniciado dos años atrás en las que el Ministerio público había detectado movimientos sospechosos a través de las sociedades de González. Este montante se divide en dos delitos de fraude fiscal en el impuesto de sociedades por valor de 155.000 euros en 2020 y de 195.951,41 en 2021.
Asimismo, se le atribuye otro delito de falsedad documental por presentar supuestas facturas falsas a través de compañías externas con la intención de rebajar los beneficios extraordinarios de sus sociedades millonarias. En números, las compañías presentaron facturas falsas por gastos ficticios que alcanzan los 1,7 millones de euros; de manera que se desgravaba gastos que nunca llegaron a hacerse, reducía los beneficios a declarar y, en definitiva, pagaba 350.000 euros menos de impuestos en dos anualidades.
Fue entonces cuando entró en escena el famoso piso. Localizado en el barrio de Chamberí, medios como este mismo, eldiario.es o la Cadena Ser comprobaron que el inmueble en el que reside actualmente la presidenta madrileña junto a su pareja está tasado en 837.000 euros (casi un millón si se cuentan otros aspectos como su plaza de garaje) y que fue adquirido después de que González Amador cometiera el fraude fiscal. A su vez, la pareja tiene también alquilado el ático. El piso es propiedad 100% del compañero de la presidenta y pidió para adquirirlo una hipoteca de medio millón de euros tras el presunto fraude.
Esto no es todo, sino que hay que desplazarse hasta Panamá para continuar el hilo. También se hizo público que desde 2021 y hasta 2022 Alberto González Amador tuvo una empresa en este paraíso fiscal para desviar los millonarios ingresos acometidos tras los fraudes. En esta sociedad también ha formado parte otros españoles como Juan Carlos González Pérez, que ejerció como director-presidente, José Antonio de la Cerda y Vicente Brisa López (actual concejal de Vox en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, en Madrid). Se trata de Médicos del Pacífico SA, disuelta en 2022, tras los ejercicios de los presuntos delitos por parte de González.
Por su parte, la líder regional limita todo a un "ataque orquestado" desde la Moncloa y las redacciones, y se presenta como víctima. "Mientras sea legal, soy libre de subirme en el coche que me dé la gana o de meterme en la cama que me dé la gana", dijo Ayuso en relación con las propiedades de González Amador, a quien ha calificado reiteradamente como un "ciudadano anónimo". "Es una inspección fiscal y salvaje de Hacienda. Es el Ministerio Público el que le debe 600.000 euros por intereses. No hay trama de facturas, no hay empresas fantasma, todo es un invento", aseguró la presidenta, a pesar de que lo que existía era una denuncia de la Fiscalía que surgió precisamente a raíz de la detección de severas irregularidades como las mencionadas.
