La asociación progresista de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha manifestado, a través de un comunicado, su "profunda consternación" con la propuesta del PP de Pablo Casado de paralizar las expulsiones de las inmigrantes indocumentadas en los casos en los que éstas estuvieran dispuestas a dar sus hijos en adopción. Para la asociación judicial una medida de este tipo supone, en la práctica, "una clara coacción del derecho de la mujer a la maternidad" y una manera de obligar a las mujeres inmigrantes a dar a sus hijos en adopción. "Ninguna política pública en un Estado democrático de derecho puede situar a las personas en una tesitura como esa", afirman. 

Según JJpD, semejante medida contraviene la Constitución Española, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio de Roma y ante las alegaciones del PP, que ha querido explicar que su propuesta es una manera de proteger a las mujeres durante el embarazo, responde que la legislación vigente ya protege a las inmigrantes embarazadas. "La legislación de extranjería ya señala que la expulsión no podrá ser ejecutada cuando afecte a las mujeres embarazadas y la medida pueda suponer un riesgo para la gestación o la salud de la madre", explican desde la asociación.

La asociación considera que la situación de las mujeres extranjeras embarazadas en situación de ilegalidad en el territorio nacional "supone una posición de especial vulnerabilidad que no puede ser explotada y menos en aras de una política demográfica que puede ser llevada a cabo mediante medidas de fomento de la natalidad y conciliación de la vida familiar y laboral". Además, recuerdan, los menores y las mujeres migrantes corren un riesgo especial de explotación, algo que un Estado de Derecho no puede consentir "y en modo alguno fomentar". 

La regulación, tal y como la plantea el Partido Popular, consiste en el práctica en forzar una separación entre la madre y su hijo, afirma el comunicado, que acusa al proponente de pretender "obtener un beneficio político de la situación de vulnerabilidad de la mujer emigrante embarazada". Aparte de que también supone una vulneración de los derechos de los menores, entre ellos el de tener una vida familar e ignora el principio jurídico del "interés superior del niño/a".