La sanidad andaluza vuelve a estar en el centro de la polémica. Las elevadas listas de espera siguen ahogando al sistema de salud (SAS) mientras la Junta de Andalucía continúa sacando pecho del "presupuesto más abultado de la historia". Un montante insuficiente para atajar el grave problema que atraviesa la Atención Primaria y las especialidades médicas de la región. Es por eso que el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla ha anunciado un plan de choque para atajarlo, pero no para mejorar la pública sino para derivar de forma masiva a pacientes hacia la privada.
Moreno Bonilla inyecta millones a la privada
Este miércoles, en su reunión semanal, el Consejo de Gobierno ha aprobado un plan que contempla una inyección de cerca de 120 millones de euros con el objetivo de derivar más de 91.000 pacientes de la pública a la privada en un plazo exprés de seis meses. Un proyecto bajo el nombre de Plan de Garantía Sanitaria que va a suponer un incremento notable del gasto a los conciertos con las clínicas privadas en los Presupuestos para este 2024 de más de 100 millones extra, según ha denunciado la oposición. Un paso más en la privatización del sistema andaluz.
La administración popular afirma que el objetivo de este programa -que consiste en una inversión a dedo y que se ha llevado a cabo sin publicidad- es aliviar las tensiones de las listas de espera, que a finales del pasado año 2023 registraron un aumento del 47% de pacientes que superaron el plazo máximo legal para someterse a una operación en el sistema público. Y es que las listas de cirugía se elevaron entre junio y diciembre en 8.000 personas, pasando de tener casi 134.800 a más de 142.000. En total se registraron 17.000 más fuera de tiempo.
Estas cifras han sido reveladas este mismo miércoles en el marco de presentación de este "plan de choque" por la consejera de Salud, Catalina García, que ha reconocido que los conoce desde hace varios meses. Sin embargo, cabe destacar que este proyecto -que pretende ser de contención- se ha realizado a través de siete contratos negociados sin publicidad -es decir, a dedo- con clínicas privadas de siete de las ocho provincias andaluzas, excepto Málaga. Este mecanismo solo se usa para supuestos excepcionales e "imprevisibles", según la Ley de Contratos del Sector Público.
Los convenios ya cerrados tienen una duración de seis meses pero se podrán prorrogar otros seis en tanto en cuanto se resuelva la adjudicación de los acuerdos marco que la Junta ha anunciado el pasado mes de octubre para regular los conciertos, precisamente, con la sanidad privada. Estos contemplan que la Junta de Andalucía oferte por lotes las intervenciones quirúrgicas que quiere derivar y las empresas privadas se presenten por concurso para quedarse con cada lote. Con esto el presupuesto ha ascendido a 119,9 millones de euros.
Un "plan de choque" para la sanidad pública
Junto con la inyección para la privada, el Plan de Garantía Sanitaria también incluye un aumento de los recursos y ensalza las estrategias que la Consejería de Salud lleva aplicando desde hace meses para tratar de controlar las elevadas listas de espera, un extremo de presión por parte tanto de la oposición de izquierdas como de la comunidad sanitaria. Y es que, en palabras de García, en la Administración están "preocupados" por las tensiones que vive la pública y por "su evolución".
Así, este proyecto tiene tres patas: el aumento en la inversión para que los sanitarios trabajen más horas, la derivación de pacientes con conciertos con la sanidad privada y la creación de un equipo de trabajo para abordar este problema formado por profesionales. El objetivo, insisten, es reducir en un 18% el número de personas en espera y en un 60% las que se encuentran fuera de los plazos. Todo en un contexto en el que la demora para una intervención quirúrgica también se ha disparado, pasando de los 118 días de media hasta los 150.
La consejera ha informado de que las operaciones que se van a derivar son las de "poca complicación", como cataratas, hernias u operaciones de cadera, precisamente las que están reguladas en el decreto de garantías de plazos para operarse en la pública, mientras los conciertos tendrán que estar sometidos a las tarifas de la Orden de 23 de febrero de 2023, que ahora mismo se encuentra en proceso de modificación tras la decisión de la Junta de abrir la puerta a la privatización de la atención primaria el pasado año. Finalmente fue revertido ante las críticas.
Pero desde la Administración de Moreno Bonilla insisten en defender que hay cuestiones estructurales que están incidiendo en el aumento de las listas de espera, como la falta de personal y el envejecimiento de la población. "Andalucía tiene un déficit de profesionales, compartido con otras comunidades autónomas, desde hace cinco años", ha defendido García, que ha pedido de nuevo al Gobierno de Pedro Sánchez que aumente las plazas de MIR (médico interno residente en formación).
Mientras tanto, García ha vuelto a defender la necesidad de aumentar las horas que trabajan los sanitarios andaluces, a los que les ha querido agradecer "el esfuerzo realizado" y gracias a los cuales se ha podido llevar a cabo 14.000 operaciones de octubre de 2023 a enero de 2024, un 16,6% más que en 2022. Así, el SAS plantea una inversión de 163,3 millones de euros, un 34% más que hace dos años, a través de dos vías: los autoconciertos y el aumento de las continuidades asistenciales.
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