El Servicio Andaluz de Salud (SAS) licita un contrato millonario para externalizar servicios sanitarios. La información oficial de la Junta de Andalucía eleva el contrato a 87.4 millones de euros, pero el coste total ascenderá a los 201 millones de euros, ya que el anuncio de licitación contempla que el acuerdo sea extensible a dos años, con posibilidad de prorrogar otros dos.

El anuncio viene a fijar las condiciones mediante las que la Junta de Andalucía contratará servicios de asistencia sanitaria complementaria para pruebas diagnósticas a centros privados de Andalucía y provincias limítrofes, aunque pertenezcan a otras comunidades autónomas.

La Junta aclara en la memoria justificativa que los conciertos sanitarios “responden a la necesidad de complementar los dispositivos asistenciales propios, dando respuesta a la protección del derecho a la salud” al que alude la Constitución. El SAS explica que "se hace necesaria la contratación de conciertos”, con empresas externas “por carecer de medios propios suficientes”.

Respecto a la duración de dos años del nuevo contrato anunciado, prolongable otros dos más, la memoria justifica que así se da “estabilidad y certidumbre a largo plazo para los proveedores de la prestación”, lo que permitirá al sector privado “planificar sus actividades y recursos con anticipación, lo que puede mejorar la eficiencia y la efectividad de los servicios sanitarios".

Al montante de 201 millones de euros hay que añadir un segundo convenio marco más importante aún: 533 millones de euros que servirán para externalizar las intervenciones quirúrgicas, con lo que la cantidad total alcanzaría los la cantidad de 734 millones a concertar con la sanidad privada. Desde la Junta aclaran que el objetivo principal es reducir las listas de espera.

Responder a un SAS que no responde

Desde la Junta de Andalucía presentan estas medidas como un plan de choque ante unas listas de espera que se eternizan y de las que apenas hay estadísticas oficiales, pero sí un innumerable reguero de casos y quejas.

Ejemplo: una visita al traumatólogo para una lesión de rodilla implica una primera visita al médico de familia que deriva a radiografía, resonancia y conclusión del traumatólogo. Este proceso, en Sevilla capital, se eterniza sin diagnóstico de traumatología tras diez meses. El sistema sanitario no da respuesta.

La opacidad de las listas de espera es enorme en Andalucía, pero según el Ministerio de Sanidad, serían más de un millón los andaluces que esperan a ser atendidos por especialista o para realizarse una prueba diagnóstica o trámite quirúrgico.

El presidente Moreno Bonilla anunció en el Diario de Sevilla un plan de choque para las listas de espera que espera de resultados a finales de diciembre para listas quirúrgicas y de diagnóstico.  La dirección del SAS es un polvorín, la reciente dimisión por motivos personales del director general de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud, que solo llevaba en el cargo un año lo ejemplifica.

Pero la lluvia de millones con la que la Junta riega al sector privado no son la solución, señalan desde la oposición. “¿Por qué no se invierten esos 734 millones de euros en reforzar la sanidad pública?” plantea desde sede parlamentaria la portavoz del PSOE para Sanidad, María Ángeles Prieto, que define la nueva licitación de la Junta como un “ataque mortal” a la sanidad pública.

"Este gobierno andaluz ha provocado las mayores listas de espera de nuestra historia, de forma intencionada, para ahora, justificar un concierto millonario con la privada", afirma Prieto. Desde la oposición recuerdan el despido del SAS de 12.000 profesionales sanitarios, el cierra quirófanos y centros de salud en horarios de tarde o la suspensión de pruebas diagnósticas para ahorrar la contratación de técnicos de la bolsa de empleo.

Llamada a movilizaciones y paros

Desde los sindicatos señalan esta nueva licitación de centenas de millones como la gota que colma el vaso y llaman a los sanitarios de la pública a movilizarse. Hay que recordar que la Junta de Andalucía ya provocó polémica con la Orden que privatizaba la Atención Primaria y la existencia de contratos de emergencia COVID por otros cientos de millones; hace dos meses, selló otro acuerdo con las mutuas para derivar a estas entidades patronales el seguimiento y control de las bajas laborales por contingencias comunes.

Con los más de 700 millones derivados a la privada ahora, desde CCOO denuncian que “Moreno Bonilla está matando a la sanidad pública”. La Federación de Sanidad también señala el oscurantismo de la Junta respecto a las lista de espera, pero recalca los hasta 15 días de espera en Atención Primaria, la existencia de regiones como la Sierra Sur de Sevilla sin sanitarios o la ausencia de pediatras para cerca de 300 mil menores en Andalucía desde hace un año, “mientras tenemos cientos de consultas y quirófanos cerrados por las tardes y aparatos de diagnóstico sin utilizar por falta de personal”, denuncia el portavoz de la FSS-CCOO Andalucía, Luis González.

Desde el SMA (Sindicato Médico Andaluz) lamentan que una medida de tal envergadura haya sido conocida por los sanitarios públicos a través de la prensa y no en la Mesa de la Sanidad. El SMS también señala que “los recortes en el sistema público para plantear que el SAS  “está financiando los conciertos con la privada con lo que se ahorra en las retribuciones de los facultativos de la pública”.

En UGT lamentan la “dejadez” que padece la sanidad pública que se evidencia en los menguantes contratos eventuales y en unas listas de espera que se mantienen en el oscurantismo. El sindicato recuerda como de los 20 mil contratos eventuales de sanitarios por la COVID se pasó a 12 mil. Ante el escándalo que ese recorte provocó, ahora los contratos van decreciendo poco a poco, “deben quedar unos 5 ó 6 mil”, estiman desde el sindicato, sin poder contar con cifras oficiales.

“Al final, con este caldo de cultivo, cuando anuncian estos contratos la gente lo ve como algo positivo porque lo público no funciona y la solución fantástica viene de la privada”, reflexiona el secretario regional de Salud de UGT, Antonio Macías.

Por lo pronto, de cara a paliar las eternas listas de espera, El acuerdo marco traslada pruebas diagnósticas que generan cuellos de botella como son endoscopias, colonoscopias, mamografías o resonancias magnéticas a clínicas privadas. Está por ver si eso reducirá los tiempos de espera o, simplemente, traslada la lista de un centro público a uno privado.