Crecen las suspicacias en torno al gobierno de Juanma Moreno Bonilla. Al ya interminable historial de contratos a dedo y por la vía de emergencia en el sector sanitario, del que este y otros medios de comunicación ya han informado, al Ejecutivo andaluz le surge ahora un nuevo fantasma: las carreteras.

A través de la Plataforma de Contratación del Sector Público de la Junta de Andalucía y de fuentes del Partido Socialista de la región, este ELPLURAL.COM ha podido conocer que la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de Andalucía firmó un contrato de emergencia con la empresa Barbeal para la conservación de varias carreteras regionales, por valor de 4,1 millones de euros. Lo que convierte esta información en noticia es que Barbeal fue constituida en el año 2020, cuenta con un único empleado (su administradora única), no tiene capacidad alguna de solvencia (declaró pérdidas por valor de 8.600 euros en el último ejercicio) y no tiene experiencia previa en el sector, al no haber realizado obras de mantenimiento o construcción en ninguna vía con anterioridad.

A su vez, las mismas fuentes socialistas señalan diferentes irregularidades: por una parte, subrayan que “los contratos de emergencia deberían servir para atender demandas urgentes, imprevistas y que necesiten de cierta celeridad en su tramitación”, y que “cosas como el mantenimiento de una carretera, que ya debería estar bajo previsión, no deberían quedar bajo el paraguas de los contratos de emergencia”, y por otra parte, recuerdan una ordenanza de la Dirección General de Contratación de la Junta de Andalucía, que sostiene que “cuando se actúa sobre un contrato, especialmente si el mismo es de emergencia, se debe garantizar la solvencia técnica y económica de la empresa contratada antes de adjudicarlo”, rasgos que Barbeal no cumple.. 

Por su parte, el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, ha querido elevar la presión sobre el presidente andaluz para que aclare la situación. El socialista ha confiado en que la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, se pronuncie, antes de abandonar su puesto, sobre la situación alrededor de estos "contratos a dedo" firmados con esta empresa. 

Carazo se presenta como candidata a la alcaldía de Granada en las próximas elecciones municipales, y ha sido precisamente allí donde Espadas ha hecho estas declaraciones. "Ya ha anunciado que dejará el Gobierno andaluz en breve, y lo hará con muchas respuestas sin dar", ha apuntado el dirigente socialista, que ha vuelto a solicitar al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que despeje de una vez las dudas alrededor de los contratos de esta índole.

“Requiere una explicación seria por el desvío de recursos públicos a la Sanidad privada al margen de cualquier procedimiento y sin justificación. 240 millones de euros son suficientemente importantes como para que el jefe del Ejecutivo regional no se escabulla sin dar una explicación”, apuntó Espadas el pasado sábado, durante la celebración del Comité Federal del PSOE en Ferraz. En este sentido, el dirigente socialista dijo que no existía un “procedimiento de emergencia”, sino que se optó por “adjudicar a dedo” contratos a empresas privadas. De hecho, ante la “gravedad” de los hechos, insistió en que la Junta debe ofrecer su versión en sede parlamentaria si no quiere que el PSOE-A recurra a “otras instancias jurisdiccionales”.

Largo historial de contratos a dedo

El Ejecutivo de Moreno Bonilla ha rubricado, a lo largo de su mandato, contratos a dedo con empresas privadas por una cantidad que oscila entre los 117 y los 240 millones de euros, especialmente en el ámbito sanitario. Los convenios en cuestión están sujetos al procedimiento de emergencia por la pandemia, que suspendía procedimientos administrativos en el Real Decreto 7/2020. No obstante, este vericueto legal que facilitaba cierta agilización de trámites para atender la situación de necesidad del momento se derogó el 9 de mayo de 2021.

De esta manera, el gobierno de Moreno Bonilla ha seguido utilizando los contratos de emergencia como si de un mecanismo de uso habitual se tratase, pasando por alto su carácter de excepcionalidad y necesidad por urgencia. A su vez, en el caso que nos ocupa, concediéndoselo a una empresa nueva, sin experiencia ni volumen de trabajo realizado en el sector, insolvente, con un solo empleado y cuyo domicilio fiscal es un domicilio particular. Peculiaridades que han hecho que la oposición pida explicaciones, las cuales, por el momento, solo han sido respondidas con silencio.