El Gobierno andaluz que preside Juan Manuel Moreno Bonilla adjudicó 226,7 millones de euros a clínicas privadas para derivar pacientes, operaciones y pruebas diagnósticas gracias a diferentes contratos de emergencias habilitados por el Gobierno central para agilizar la respuesta ante la pandemia. Al menos el 50%, 117 millones, fueron adjudicados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) amparándose en un Real Decreto ley ya derogado, tal y como desvela eldiario.es.

El 20 de enero de 2021, Miguel Ángel Guzmán, el director gerente del SAS y hoy viceconsejero de Salud, firmó el Expediente 110/2021 bajo el que hay 79 contratos con un presupuesto inicial de 70 millones de euros, y un periodo de ejecución de febrero a diciembre de ese año.

Sobre ese acuerdo marco, el Gobierno andaluz ha ido encadenando adendas a cada contrato ampliando el gasto así como las resoluciones de prórroga del expediente original durante al menos año y medio. Desde la Consejería de Salud, explican al citado diario, hablan de que es "debido al incremento de contagios de la sexta ola de pandemia".

El Acuerdo de Emergencia, de 70 millones de euros, sumó otros 55,7 millones a lo largo de 2021 y 100,9 millones más durante 2022. Hasta septiembre de 2022, la Junta triplicó el presupuesto inicial en adjudicaciones a dedo con clínicas privadas: 156,7 millones por encima de la licitación inicial.

Todo el dinero que se adjudicó el año pasado (los 117,7 millones de euros), son justificados en dos preceptos legales. El primero de ellos el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público para contratos de emergencia, existente antes de la pandemia pensado para responder a situaciones de crisis y el artículo 16 del Real Decreto Ley 7/2020, aprobado por el Gobierno central durante el primer estado de alarma para “justificar la necesidad de actuar de inmediato” y dar respuesta al impacto económico de la Covid-19.

Con este Real Decreto las autonomías pudieron contratr a dedo con empresas sanitarias para dar una respuesta más ágil a la situación sanitaria en lo peor de la pandemia. Había menos control de dinero público y permitía saltarse burocracia para obtener productos como mascarillas, respiradores o usar los recursos de la privada para aliviar la presión hospitalaria. De hecho, el propio artículo dice que "la adopción de cualquier tipo de medida directa o indirecta por parte de la Administración general del Estado para hacer frente a la Covid-19 justificará la necesidad de actuar de manera inmediata, al amparo de lo previsto en el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público".

Sin embargo, la resolución del SAS para prorrogar y ampliar los contratos a dedo con clínicas privadas mucho después de que decayese el estado de alarma alude directamente a ese artículo 16 del Real Decreto indicando que "refuerza la aplicación del trámite de emergencia" para poder adjudicar contratos a dedo. 

Acto seguido, la Consejería de Salud justifica su vigencia y el que se amplíe la prórroga: "Si bien este artículo se refiere a la Administración General del Estado, es igualmente aplicable a la contratación de otras administraciones y a todo el sector público con la misma finalidad". Cuando se ampliaron los contratos, el artículo al que hace referencia llevaba ocho meses derogado.

La Junta de Andalucía era consciente de ello. El 18 de junio, la Dirección General de Contratación de la Consejería de Hacienda había remitido una instrucción escrita a todas las consejerías advirtiéndoles de que el artículo 16 estaba “plenamente derogado” explicando que que la justificación de la pandemia ya no era motivo suficiente para usar regularmente el artículo 120 de la Ley de Contratos Públicos, y que “el recurso a la contratación de emergencia” orientado a “hacer frente al Covid-19” debía tener “carácter excepcional y residual”. Pese a ello la Junta adjudicó decenas de millones de euros a la sanidad privada sin concurso ni controles.

Durante aquel periodo, el consejero de Salud era Jesús Aguirre, hoy presidente del Parlamento de Andalucía. También, desde julio de 2022 su sucesora y actual titular del ramo, Catalina García.

La otra justificación

Además, otro de los huecos legales que usa el Gobierno andaluz en sus resoluciones para justificar las adjudicaciones de contratos a dedo por más de 156 millones de euros es la Ley de Contratos del Sector Público. Esa norma sí está en vigor, y establece que un contrato “puede ser modificado si las circunstancias excepcionales lo requieren”. Se trata de un recurso que las distintas administraciones utilizan en caso de catástrofes o emergencias. Los 79 contratos del SAS con clínicas privadas, así como las adendas posteriores, reproducen esta cláusula administrativa en el pliego de condiciones. Algo que debería ser innecesario ya que el propio contrato es de emergencia.

No obstante, la ley añade que para cualquier ampliación del presupuesto original “será preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la comunidad autónoma”, si la cuantía es “superior a un 20% del precio inicial, IVA incluido, y su precio es igual o superior a seis millones de euros”.

La cláusula para modificaciones de contrato no se cumple en la mayoría de las ampliaciones de gasto autorizadas por el SAS según la información publicada por el citado medio. Todas las adendas suponen un incremento del 56,7% del importe inicial. En las prórrogas de algunos contratos con hospitales privados, las ampliaciones de presupuesto exceden ese 20% del precio inicial que firmaron con el SAS, y en otros casos, la cantidad de las adendas llega a cuadruplicar ese coste.