Una portavoz de la Delegación del Gobierno en Cataluña, en declaraciones recogidas por El País, ha explicado que el flete de trenes no fue “de interés público” y que no es competencia municipal “contratar trenes para acudir a manifestaciones”.

Los alcaldes creen que se trata de una maniobra política
Los alcaldes de CiU, Carles Puigdemont, de Girona, y Santi Vila, de Figueres, han considerado que la actuación del Gobierno tiene un interés “político” y han acusado a la delegada, María Llanos de Luna, de deslealtad y de iniciar una “persecución ideológica” contra ellos.

Los ayuntamientos citados vendieron 520 billetes a 10 euros ida y vuelta para adultos y de cinco euros para niños. Y como no fue suficiente alquilaron un segundo convoy con las mismas características. Los fondos fueron donados al Banco de Alimentos, que reparte comida entre los pobres.

La Generalitat defiende a los alcaldes
La Generalitat ha salido a defender a los alcaldes de CiU. Desde el Departamento de Territorio y Sostenibilidad, titular de Cercanías y Media Distancia de Renfe en Cataluña, se envió una nota en la que aclara que fue la misma institución la que autorizó y facilitó la organización de los trenes para garantizar el “derecho a la movilidad” de los ciudadanos a la Diada.

Niega una lectura política del recurso
La Delegación del Gobierno negó que el acto tenga una “lectura política” y alegó que lo que pretende con el recurso es que se anule el contrato aprobado en sendos plenos municipales. Añadió que la delegada del Gobierno ordenó presentar el recurso el 12 de septiembre, tras el informe de la Abogacía del Estado, por lo que “no se trata de un acto electoralista”, ya que se decidió antes de que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, anticipara las elecciones.

Una dosis más de tensión entre PP y CiU
El recurso añade otra dosis de tensión en las relaciones entre el Gobierno de Rajoy y la Generalitat de Mas después de la falta de acuerdo sobre el pacto fiscal, la radicalización del discurso soberanista del presidente catalán y de los datos de un informe de la Policía económica que acusa a Mas, Jordi Pujol y otros altos dirigentes de Convergència de estar implicados en el cobro de comisiones a empresas adjudicatarias de la Generalitat.