El primero en comparecer fue el abogado que presentó la querella contra Garzón, Ignacio Peláez, defensa del empresario José Luis Ulibarri, imputado en el caso Gürtel, que fue grabado durante sus visitas a los cabecillas de la trama, Francisco Correa y Pablo Crespo en la cárcel de Soto del Real a pesar de que no les representaba.

Peláez se siente "completamente vigilado"
Peláez mostró su malestar porque, según dijo, se siente “completamente vigilado. Creo que estoy en un Estado policial y me niego a vivir en un país en esta situación", afirmó.
El letrado de Ulibarri aseguró que el objetivo de su querella no es una condena "represiva y ejemplar" de Garzón, sino que se definan unos límites que demuestren que "el fin no justifica los medios" y que los letrados puedan hablar "libremente en prisión hasta con el más repudiable de sus clientes".

Garzón, como un Gran Hermano
El abogado Pablo Rodríguez-Mourullo, que lleva la defensa de Pablo Crespo, tuvo la ocurrencia de comparar a Baltasar Garzón con "una suerte de Gran Hermano" que se dedicó a escuchar todo cuando instruyó este caso esta causa en la Audiencia Nacional.

Rodríguez-Mourullo añadió que “la única manera de preservar el derecho de defensa era no escuchando", y que no puede entender las supuestas órdenes dadas a los policías que grababan para que preservaran dicho derecho, porque ello no era posible una vez comenzaron a escucharles.

La excusa de los tiranos
Por su parte, José Luis Choclán, abogado del principal cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, que compareció durante media hora, cogió prestada a Voltaire su frase: “la razón de Estado es la excusa de los tiranos” para acusar a Garzón de "invocar la razón de Estado" y defender que los "medios se subordinan a un fin" para al explicar los motivos de las escuchas.

Una función constitucional que no tiene
Choclán afirmó que "la finalidad” de las escuchas “era investigar, obtener datos de utilidad para la causa a través de la confesión que el interno pudiera hacer a su abogado defensor sobre la base de esa relación confidencial".

Para el abogado, Garzón “se atribuyó una función constitucional que no tiene” y convirtió a todos los letrados, “sin distinción”, en “sujetos pasivos de la investigación”. A continuación, se preguntó qué habría ocurrido si alguno de los abogados "no se hubiera portado bien".