La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil va tirando del hilo para estrechar el cerco sobre Eduardo Zaplana y, desde hace escasas fechas, su hija y su yerno. Las pesquisas de los investigadores sobre el alquiler de la vivienda de la calle Pascual y Genís han desempolvado movimientos económicos millonarios del empresario Luis Iglesias, incluyendo fondos provenientes de paraísos fiscales.
El Ministerio Público y la UCO pudieron ratificar que la hija del ex ministro del PP, María Zaplana, fue la que rubricó el contrato del famoso inmueble por un valor de 3.500 euros al mes que se depositaban de forma trimestral. Es decir, unos 42.000 euros al año.
“Estas cantidades resultan llamativas si se ponen en relación con los ingresos por rendimientos del trabajo y de actividades económicas de la persona que firma el contrato y presuntamente lo satisface”, se desliza en un informe de la UCO según ha publicado El Confidencial.
Y es que esta vivienda estaba a nombre de un investigado en la denominada trama del Oro, el austríaco Miroslav Schopoff. Una causa que instruida en la Audiencia Nacional por presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales de Oro Direct, propiedad del citado ciudadano.
Según el citado medio, el entorno del matrimonio asegura que llegaron hasta Schopoff por pura coincidencia, gracias a la inmobiliaria Engels & Völkers después de visitar otros inmuebles. Sin embargo, fue su marido y no Eduardo Zaplana, mediante una cuenta del Banco Sabadell (un montante de 150.000 euros) quien firmó el contrato de arrendamiento.
A través de esta cuenta, los investigadores decidieron ampliar las pesquisas y dirimir si el matrimonio asumía los gastos de Eduardo Zaplana con fondos provenientes de sociedades opacas. Este seguimiento desembocó en el descubrimiento de un ingreso de 2,2 millones de euros procedentes de Suiza, según la Agencia Tributaria en su aportación al proceso.
Esto dio paso al descubrimiento de otra aportación desde el país helvético de 1,8 millones de euros al testaferro de Zaplana, el abogado Fernando Belhot. Su figura es fundamental, pues ha comenzado a demostrar una actitud más colaborativa con los investigadores, pues ya admitió que gestionó una parte del patrimonio de Zaplana en el extranjero.
El uruguayo sostiene que no mantuvo relaciones comerciales con el yerno de Zaplana, aunque estos fondos suizos condujeron a los investigadores a dos nuevos abonos en paraísos fiscales. Además, desde que estos se llevaron a cabo, se observa que Luis Iglesias ha acometido otras operaciones inmobiliarias, como la compra de una finca de 1,25 millones de euros.
Es por ello que la Guardia Civil requirió un registro de una finca en la que actualmente reside el matrimonio. Se trata de una parcela de 3.400 metros de con dos mansiones de 576 y 452 metros cuadrados y que se sitúan en la exclusiva urbanización de Puerta del Hierro.
Esta finca está registrada a nombre de Corsaten Spain SL, una firma controlada por la sociedad Manzana K, propiedad de Luis Iglesias. Los agentes, en cambio, se introdujeron en el inmueble para requisar todo tipo de documentos y equipos informáticos, aunque el resultado de este registro continúa secreto.
Versión de Schopoff
Miroslav Schopoff se ha dirigido a ElPlural.com para ofrecer su versión sobre las informaciones publicadas estos días en otros medios y de las que se ha hecho eco este periódico. Schopoff aclara que no es búlgaro, sino austríaco “y por lo tanto ciudadano de pleno derecho de la Unión Europea”. Además, asegura que ha trabajado como economista en varias multinacionales y que “el éxito de mi carrera como empresario no implica que haya cometido delito alguno, ni de blanqueo de capitales a escala internacional ni de fraude a la Hacienda Pública”.
“No soy ni he sido nunca prófugo de la justicia española ni tampoco estoy en busca y captura internacional”, señala, “a fecha de hoy no tengo antecedentes penales en ningún país del mundo” ni ha recibido “acusación alguna” de ningún tribunal.
Sobre el alquiler de la vivienda bajo investigación en la que residía Zaplana, asegura que “se firmó a través de una agencia inmobiliaria de Valencia con María Zaplana, a quien no conocí personalmente ni tampoco a su marido” y niega cualquier conocimiento del expresidente de la Generalitat o de su entorno, al igual que desmiente cualquier “contacto o relación personal con el Sr. Alfonso Rus ni con nadie de su familia”.
Schopoff asegura haber recibido permiso de los propietarios de la vivienda en la calle Pascual y Genís para subarrendarla y que “todos los ingresos de la renta de alquiler que percibí se recibieron mediante transferencia bancaria con todos los controles financieros que ello implica”. “He declarado los ingresos percibidos por este alquiler a la AEAT y liquidado todos los impuestos y retenciones en España”, añade.