Cristina Cifuentes ha anunciado una querella contra Francisco Granados por las acusaciones que vertió contra ella al vincularla con la presunta financiación ilegal del PP. “No se puede ser más mentiroso, mezquino, miserable y machista”, ha dicho la presidenta madrileña del antiguo número dos del PP regional también en referencia a las palabras de su antiguo compañero en el PP, quien habló en su declaración ante el instructor del caso Púnica, Manuel García Castellón, de una supuesta relación sentimental con Ignacio González.

Pero no son solo las acusaciones de Granados las que comprometen a Cifuentes en la supuesta financiación ilegal del PP, que instruye García Castellón y que tiene dos vertientes: la pieza separada 14 la Púnica, denominada a la que se ha sumado recientemente la pieza 4 del caso Lezo. Todo ello ya existía antes de que Granados empezara  a cantar. De hecho, no es la primera vez que el exnúmero dos del PP madrileño vierte acusaciones contra ella.

Como recuerda nuestro colaborador Los Genoveses, la veterana militante de AP/PP Cristina Cifuentes tiene dificultades para quitarse de en medio porque tenía responsabilidades directas en la Ejecutiva que presidía Esperanza Aguirre. 

En el caso Púnica también están señalados dos diputados de su grupo parlamentario en la Asamblea y no son cualquiera. Se trata del exconsejero Jaime García Taboada, a quien recolocó en el Senado, y Bartolomé González, el alcalde de Alcalá de Henares, a quien e le relaciona con la presuntas comisiones que pudo recibir por parte de la multinacional francesa Cofely (PS 6).  .

El primero fue señalado por Granados como integrante del cinturón de hierro de Ignacio González, junto a Cifuentes, Aguirre y Borja Sarasola. Está vinculado a la PS 13 que investiga las irregularidades en la sociedad pública Arpegio. Taboada aparece en el informe de la Fiscalía Anticorrupción del 11 de mayo [en el que también se acusaba a Cifuentes de “ocultar información relevante” sobre la Púnica], como objeto de investigación. En concreto, la Fiscalía reclama a la Comunidad de Madrid las actas de Presidencia “por las que designó a Jaime González Taboada (…) vocal en representación de la Comunidad de Madrid en la Mesa de contratación del Plan Prisma 2006-2007” y lo mismo, pero para “la Mesa de contratación del Plan Prisma 2008-2011”. 

Pero sin duda, uno de sus principales quebraderos de cabeza es la adjudicación irregular de la gestión de la cafetería de la Asamblea de Madrid al empresario y donante del PP, Arturo Fernández.  La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil reclamó que se la investigase por dos presuntos delitos: uno de cohecho y otro de prevaricación. 

Cifuentes presidió simultáneamente en 2009 y 2011 el Comité de Expertos -que es el órgano que hace la propuesta técnica- y la Mesa de Contratación que finalmente adjudicó los contratos. Y junto a estas dos responsabilidades, incompatibles entre sí, reúne otras responsabilidades:

- Presidenta del Comité de Derechos y Garantías del PP de Madrid bajo el mandato de Esperanza Aguirre y el denostado Francisco Granados.

- Patrona de Fundescam, la fundación que recibe las donaciones de Arturo Fernández y que está siendo investigada por el juzgado de García Castellón.

Además de las concesiones a Arturo Fernández, Cifuentes se ve salpicada por Arpegio. El que fuera su viceconsejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, Miguel Ángel Ruiz López, que se vio obligado a dimitir el pasado 16 de mayo tras conocerse que estaba siendo investigado por el juez Velasco dentro de la PS Arpegio, una de las 15 que forman el Caso Púnica. La trayectoria de Ruiz López está estrechamente ligada a la de Jaime González Taboada, del que ya hemos hablado. 

Entre los afectados por los trapicheos de Arpegio de su Grupo Parlamentario Popular están:

- Daniel Ortiz Espejo. Nº 42 en la lista encabezada por Cifuentes. Ex alcalde Móstoles. Dimite en julio 2016. El juez Velasco le atribuye cinco delitos por el supuesto amañó de un contrato para Cofely de 73 millones a cambio de una mordida de 743.000 euros.

- José Ignacio Echevarría Echaniz. Nº 14 en la lista encabezada por Cifuentes. Ex Presidente de la Asamblea y ex Consejero de Transportes. Dimite en diciembre 2015 tras ser sancionado en un control del alcoholemia. Desde Abril del 2017 está siendo investigado en la PS 14 del Caso Púnica en su calidad de ex Tesorero regional del PP por la financiación irregular del PP madrileño.

- Borja Sarasola Jáudenes. Señalado por Francisco Granados en su declaración integrante del cinturón de hierro y número 12 en la lista encabezada por Cifuentes. Exconsejero de Medio Ambiente. Dimite en julio 2015 tras ser citado como investigado en el Caso Púnica. El 24 de febrero del 2017 la Unidad Central de la Guardia Civil (UCO) remitió al juez Velasco un informe sobre la adjudicación de la cafetería de la Vicepresidencia 1ª del Gobierno Regional al Grupo Cantoblanco del investigado Arturo Fernández. En el citado informe además de certificar las irregularidades de esa adjudicación cita expresamente a Sarasola como responsable de la adjudicación durante su etapa como Secretario General Técnico y Presidente de la Mesa de Contratación.

Todo esto, sin meternos en el caso Lezo en el que Cristina Cifuentes se ha convertido en juez y parte. Mención aparte sus esfuerzos para ocultar a la oposición documentos administrativos sobre los contratos bajo sospecha del Canal de Isabel II, del que fue consejera. ¿Acaso tiene algo que ocultar?