Francisco Granados ha presentado ante el juzgado de Instrucción número 6 de Madrid un escrito en el que reclama se cite como investigados (antigua imputación ) por el caso Púnica a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, a sus predecesores, Ignacio González y Esperanza Aguirre, y a la exconsejera de la Comunidad de Madrid Lucía Figar, entre otros. Inicialmente estaban llamados como testigos, pero el nuevo abogado, José Javier Vasallo, ha decidido modificar "la naturaleza jurídica y procesal de la comparecencia" y reclama que sean llamados "en calidad de investigados. El letrado argumenta en su escrito, al que ha tenido acceso ELPLURAL.COM que el nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que acredita las irregularidades en la financiación del PP durante las elecciones autonómicas de 2007 y 2011 y las generales de 2008.
El informe de la UCO, del que este periódico informó en primicia, fue enfue entregado al instructor del Caso Púnica, el pasado martes 17 de octubre. La Guardia Civil concluye que se desviaron 2,5 millones de euros en B para las citadas campañas del PP a través de la empresa de comunicación Laboratorio de Almagro.
Todas las personas citadas tuvieron cargos de responsabilidad en las campañas o están relacionadas con Laboratorios de Almagro.
Granados considera "imprescindible" la imputación de Cifuentes como "responsable de dirigentes y movilización del Comité de Campaña electoral del PP de Madrid" en las elecciones autonómicas y municipales de 2007. Destaca también que "fue Secretaria de Política Territorial en el Partido Popular de Madrid desde 2004 hasta el 2008, siendo sustituida posteriormente por Don Borja Sarasola" de quien pide también la citación como investigado.
A Esperanza Aguirre la llama como presidenta de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2012 y como lideresa del PP entre 2004 y 2010, que coincide con los "años objeto de investigación". De Ignacio González, a quien llama por sus años como vicepresidente y presidente de la Comunidad de Madrid (2003-2015), presidente del comité Electoral del PP de Madrid (2004-2007), y también por su puesto como presidente del Canal de Isabel II y la Agencia Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM).
En la lista figura también Jaime González Taboada, el recientemente dimitido consejero de Medio Ambiente de Cifuentes, Lucía Figar, Beltrán Gutiérrez, imputado en la caja B del PP, o José Ignacio Echeverría Echániz, exconsejero de Transportes.
En el escrito se nombra un par de veces a María Luisa de Madariaga, que junto a su marido, Marcelino Luis Elosúa, prestó declaración ante el juez Manuel García Castellón, como responsables de la empresa Laboratorios de Almagro. Ambos confesaron que el PP de Aguirre les había pedido que desdoblaran facturas.
Granados justifica la imputación de Lucía Figar asegurando que María Luisa de Madariaga la nombró con persona de contacto en lo que se refiere a campañas electorales. En el escrito también justifica la imputación de Beltrán Gutiérrez, exgerente del PP, citando la declaración judicial de De Madariaga quien le situó como la persona que "autorizaba los pagos y aprobaba las facturas, redactaba los conceptos a poner en dichas facturas, se encargaba de la descripción de los detalles y ordenaba el desdoblamiento de la misma".
